Más de 900 docentes y trabajadores fueron separados de colegios por delitos graves: violación, terrorismo y narcotráfico

Desde el 1 de abril de 2024 hasta el 8 de mayo de 2025, un total de 915 personas fueron separadas de instituciones educativas en el país por tener condenas o procesos judiciales en curso. Según cifras del Ministerio de Educación (Minedu), se trata de 781 docentes y 134 trabajadores administrativos que estaban en actividad en 790 colegios públicos y 125 instituciones privadas.

De este total, 155 trabajadores con condenas emitidas por el Poder Judicial fueron retirados de manera definitiva. Los otros 760, que tienen procesos judiciales en curso, han sido separados preventivamente de sus cargos mientras se resuelve su situación legal.

La mayoría de casos están vinculados a delitos sexuales

Del total de 915 personas separadas, la gran mayoría —772 casos— corresponde a delitos de violación a la libertad sexual. Dentro de este grupo, 665 son docentes y 107 administrativos. Las separaciones se aplicaron tanto a personal con sentencia como a aquellos con procesos abiertos.

Además, 63 personas (52 docentes y 11 administrativos) fueron apartadas por delitos vinculados al terrorismo o a la apología del terrorismo. Otro grupo de 22 personas (18 docentes y 4 administrativos) fue retirado por estar involucrado en casos de tráfico ilícito de drogas.

La separación del personal docente y administrativo se enmarca en la Ley N° 29988, que establece medidas excepcionales para quienes estén implicados en delitos como terrorismo, violación a la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas. Esta norma fue promulgada con el objetivo de proteger a los estudiantes y garantizar entornos educativos libres de riesgos.

Dicha ley faculta al Ministerio de Educación a separar de forma preventiva a cualquier trabajador de una institución educativa, pública o privada, que tenga un proceso judicial activo por los delitos mencionados. Si la persona es hallada culpable mediante sentencia firme, la separación se vuelve definitiva e irreversible.

Cabe precisar que, según el comunicado, el Minedu realiza un cruce permanente de información con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades del Estado para actualizar las bases de datos de trabajadores del sector educativo. Este proceso permite identificar a quienes presentan antecedentes penales y tomar las medidas correspondientes.

Impacto en colegios públicos y privados

De los 915 casos identificados en poco más de un año, 790 corresponden a colegios públicos y 125 a instituciones educativas privadas. Esto significa que la problemática está presente en ambos sectores del sistema educativo peruano.

Aunque el número total representa una fracción menor del universo de trabajadores del sector educación en el país, las autoridades han señalado que cualquier caso representa un riesgo para la integridad de los estudiantes y debe ser abordado de manera inmediata.

¿Qué sigue para los casos detectados?

En los casos en que la separación fue preventiva, el destino laboral de los involucrados dependerá de la resolución de sus procesos judiciales. Si son absueltos, podrían ser reincorporados a sus puestos, según los mecanismos que determine el sector Educación. Si son condenados, la separación será definitiva y se inhabilitará su ingreso al sistema.

El seguimiento de estos procesos es realizado de forma coordinada entre las direcciones regionales de educación (DRE) y el Ministerio de Educación. La información también es compartida con los padres de familia en las instancias pertinentes.

Las autoridades han señalado que la depuración del sistema educativo no es un hecho aislado, sino un proceso continuo. Se están fortaleciendo los filtros de ingreso al sector público y se evalúa implementar nuevas medidas para instituciones privadas.

Además, se han habilitado canales de denuncias para que estudiantes, padres y miembros de la comunidad educativa puedan alertar sobre posibles riesgos o antecedentes sospechosos de personal educativo. Las alertas son revisadas por personal especializado que coordina con las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.