El ciudadano peruano Aníbal Pérez Díaz fue condenado a seis años y ocho meses de prisión efectiva por la tala ilegal de bosque primario en la Concesión para la Conservación Gran Simacache, ubicada en el distrito de Saposoa, en la provincia de Huallaga, región San Martín.
Pérez Díaz fue detenido en flagrancia el 26 de septiembre de 2024, cuando se encontraba realizando actividades ilícitas dentro de la zona protegida. Desde entonces, permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario de Juanjui, en la región de San Martín, donde continuará cumpliendo su condena.
El sentenciado fue sorprendido talando y quemando una media hectárea de bosque primario dentro de la concesión, el equivalente a una cancha de fútbol. La investigación fiscal indicó que las especies afectadas incluyen árboles como cedro, ishpingo, moena y caraña, que son especies emblemáticas de la región.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone a Pérez Díaz la obligación de realizar 25 jornadas de trabajo comunitario como parte de la reparación de los daños causados. Asimismo, deberá pagar una reparación civil de S/ 2.000 a favor del Estado.
El delito y la sentencia
Pérez Díaz fue declarado culpable del delito de atentado agravado contra los bosques o formaciones boscosas, tipificado en el artículo 310-C del Código Penal, que sanciona con pena privativa de libertad la tala o quema de bosques sin autorización de las autoridades competentes. Este delito tiene consecuencias graves, especialmente cuando se comete en áreas de conservación como la Concesión Gran Simacache, una zona protegida destinada a la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales.
La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Huallaga bajo la presidencia del magistrado José Rosario Irigoien Cubas, tras una audiencia de determinación anticipada del proceso. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Mariscal Cáceres – Juanjui, representada por el fiscal John Nilton Ernesto Ventura Castillo, presentó pruebas que demostraron la comisión del delito.
La Concesión Gran Simacache, reconocida por el Gobierno Regional de San Martín mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N°534-2012/GRSM/DEACRN, se extiende por más de 41.000 hectáreas (aproximadamente 101.000 acres) en las provincias de Huallaga y Mariscal Cáceres. Esta área forma parte de la ecoregión Yungas, una de las más biodiversas del país, y es crucial para la conservación de especies endémicas y para la regulación del clima local.
Deforestación acelera crisis ambiental en la Amazonía peruana
La deforestación en la Amazonía peruana, impulsada principalmente por la conversión de bosques en áreas modelo para el desarrollo agroindustrial, representa una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país.
Según un informe de Oxfam, entre 2015 y 2022 se perdieron alrededor de 773.000 hectáreas de bosque en unidades agropecuarias, lo que resultó en la emisión de 468,1 gigagramos de CO2 equivalente a la atmósfera. Este fenómeno no solo contribuye al cambio climático; también agrava los conflictos sociales y pone en riesgo la vida de las personas defensoras del ambiente, especialmente aquellas que pertenecen a pueblos indígenas en la región amazónica.
Además, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Perú, que abarcan más de 29 millones de hectáreas, enfrentan graves amenazas debido a la actividad ilegal como la minería, la tala y la contaminación, que comprometen su biodiversidad y la provisión de recursos vitales para las comunidades locales. Estas zonas son cruciales para la preservación de especies, la regulación del clima y para la vida de cerca de 2,7 millones de peruanos que dependen del agua proveniente de 16 ANP en diversas regiones del país. Sin embargo, las ANP sufren de una falta crónica de recursos financieros y están siendo presionadas por las actividades ilegales de los agronegocios.
La expansión de los agronegocios, particularmente en el cultivo de palma aceitera, sigue siendo un factor clave en la deforestación. A pesar de los esfuerzos para regular estos sectores, las inconsistencias en las políticas nacionales han permitido que los agronegocios se expandan sin control, exacerbando la desigualdad estructural en la tenencia de tierras. En este contexto, el 40% de las personas defensoras del ambiente en Perú enfrentan amenazas directas a su seguridad, principalmente en la Amazonía, donde los conflictos por el acceso a la tierra se intensifican debido a la falta de títulos de propiedad y la presencia de actividades ilegales.
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