Cumplen la amenaza de Pedro Castillo: Presentan denuncia constitucional contra jueces a cargo de su juicio

El congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó una denuncia constitucional contra los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, colegiado que tiene a su cargo el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado.

La presentación de la denuncia constitucional llega luego de que Castillo lanzara una advertencia a la magistrada Norma Carbajal en pleno juicio. “Señora magistrada, usted ha adelantado opinión en este juicio, eso es infracción a la Constitución y eso merece una denuncia constitucional. Rechazo este juicio”, dijo.

Además de Carbajal Chávez, la denuncia constitucional alcanza a los jueces José Neyra Flores e Iván Guerrero López. El parlamentario Roberto Sánchez pide que a dichos magistrados se les inhabilite 10 años de la función pública.

El cargo que Sánchez atribuye a los jueces supremos es el de supuestamente haber violado el principio de imparcialidad al permitir que el juicio continúe con la participación de la doctora Norma Carbajal.

Y es que la referida magistrada, según la defensa de Castillo, no puede estar a cargo del juicio por haber intervenido en segunda instancia como integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Al inicio del juicio oral, la defensa del exmandatario indicó que se había recusado a la jueza. Sin embargo, dicho recurso fue desestimado. Se consideró que haber intervenido anteriormente como segunda instancia no implica necesariamente un adelanto de opinión.

¿Procederá la denuncia contra los jueces del caso Castillo?

Si bien los magistrados Neyra Flores, Carbajal Chávez y Guerrero López forman parte de la Corte Suprema, su posición es provisional. En realidad son jueces superiores que, por necesidad del Poder Judicial, ejercen temporalmente como jueces supremos.

Ya en el Congreso en años anteriores se han presentado denuncias constitucionales contra jueces supremos provisionales, pero estas han sido archivadas. Ello porque, al no ser jueces supremos titulares, no cuentan con la prerrogativa de antejuicio político.

Juicio contra Pedro Castillo avanza

El proceso contra el expresidente Pedro Castillo continúa y el caso ya se encuentra en el etapa de prueba pericial. Justamente, esta semana se presentó un peritaje a la computadora incautada del expremier Aníbal Torres.

Ahí se encontró una carta oficial que solicita asilo político a México fue encontrada en la computadora del ex primer ministro Aníbal Torres. Este hallazgo refuerza la acusación de que Castillo intentó evadir la justicia tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El documento, que lleva el sello oficial de la Embajada de México en Perú, está fechado precisamente el día en que Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia. La carta, dirigida al entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fue firmada por Víctor Pérez Liendo, abogado de Castillo en ese momento. En el texto, se solicita que se evalúe conceder asilo político al exmandatario, argumentando que era víctima de una “persecución infundada” por parte de los órganos de justicia peruanos.

La misiva sostiene que las acciones legales contra Castillo tenían un carácter político y que los cargos en su contra se basaban en “anuncios de voluntad e intención” que, según el abogado, no constituían delitos penales, sino “a lo mucho actos preparatorios”. Además, el documento denuncia una supuesta persecución política dirigida no solo contra Castillo, sino también contra “todo aquel que piense diferente al grupo en el poder”.

Este hallazgo se suma a las pruebas presentadas por la Fiscalía ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, donde diversos testigos ya han declarado que Castillo pidió expresamente ser trasladado a la Embajada de México en Perú tras el intento de golpe. El peritaje del Ministerio Público, que permitió identificar la carta en el equipo de Aníbal Torres, refuerza la tesis de que el expresidente buscó sustraerse de la justicia peruana mediante el asilo político.