El 21 de abril, la peruana Mari Luz Canaquiri, defensora del río Marañón y presidenta de la organización Huaynakana Kamatahuara Kana, fue galardonada con el prestigioso Goldman Environmental Prize 2025, considerado el ‘Nobel del Medio Ambiente’, por su incansable lucha en la protección del río el cual es considerado como un ser vivo y sagrado, sujeto de derechos.
La premiación se celebró anoche en San Francisco, Estados Unidos, donde la lideresa indígena recibió el galardón y compartió un mensaje ambientalista, y aprovechó el momento para cuestionar a los representantes del Congreso de la República y a la presidenta Dina Boluarte, denunciando que sus acciones han amenazado a los derechos y territorios de los pueblos indígenas en Perú.
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Lideresa indígena llama “autoritaria” a Dina Boluarte
“Estamos viviendo una crisis política muy grande. Ha sido muy duro hacer llegar nuestras voces como mujeres indígenas en este momento difícil. Tenemos una mandataria autoritaria que está en contra de los pueblos indígenas, de los defensores y defensoras de nuestra naturaleza. Hay políticos en contra de la naturaleza, poniendo leyes que la amenazan grandemente”, mencionó.

Explicó que en la Amazonía peruana persiste la explotación de petróleo, la minería ilegal, la deforestación y la contaminación del río Marañón, todo ello respaldado por algunas leyes y proyectos impulsados desde el Congreso y el Ejecutivo. “Cuando alguien alza la voz y lucha, el gobierno lo criminaliza, lo asesina, y eso no es justo. Por las luchas colectivas que hemos venido emprendiendo, mi persona también ha sido criminalizada”, enfatizó.
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Un llamado global para proteger a la naturaleza
Durante su discurso, la peruana dedicó palabras de agradecimiento a su familia, amigos, aliados nacionales e internacionales, y en particular a los abogados que han colaborado con su causa. “Este premio es para los hermanos y hermanas que han dado su vida por defender la madre naturaleza, sus territorios y sus ríos,” expresó la activista.
Canaquiri también mencionó el trabajo realizado por su organización, la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, que, en su cosmovisión, busca asegurar el bienestar de las futuras generaciones a través de la reforestación y la lucha legal. Además, dejó un mensaje al mundo entero: “Quiero dar un mensaje al mundo entero para proteger a la madre tierra, a la naturaleza, a los ríos, al territorio que dan vida a todos y todas”.
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La líder indígena recordó el importante paso que dieron para que el río Marañón sea reconocido como sujeto de derechos, una batalla legal que ganó en los tribunales y que podría sentar un precedente a nivel global. “Hemos luchado para que nuestro río Marañón sea considerado sujeto de derechos y las juezas nos dieron la razón, lo que va a servir al mundo entero,” señaló.
El fallo histórico en Perú
Como se recuerda, en marzo de 2024, un juzgado declaró al río Marañón titular de derechos, siendo esta la primera vez en Perú que se concedió personalidad jurídica a un cuerpo de agua. La justicia estableció que el río tenía el derecho de ‘fluir libremente y estar libre de contaminación’. Ese mismo año, un tribunal de segunda instancia ratificó la sentencia y designó a las comunidades indígenas como guardianas y representantes legales del Marañón y sus afluentes.
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“El fallo sobre el río Marañón tuvo lugar tras la demanda presentada por la organización presidida por Canaquiri, la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana. Las mujeres del distrito de Parinari, en la región Loreto, al norte del país, recurrieron a la justicia después de décadas de derrames petroleros del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú, los cuales, según denuncian, han tenido un grave impacto en el medio ambiente y en su salud.

La demanda fue respaldada por organizaciones como el Instituto de Defensa Legal de Perú, International Rivers y el Earth Law Center, entre otros grupos, quienes se unieron en apoyo de las mujeres de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana. La acción legal se presentó contra varias entidades estatales, incluidas Petroperú, la empresa estatal responsable del Oleoducto Norperuano, así como los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente.
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Finalmente, el fallo emitido por el tribunal ordenó a Petroperú realizar un mantenimiento ‘efectivo, inmediato e integral’ del Oleoducto Norperuano, con el objetivo de evitar futuros derrames petroleros y proteger el medio ambiente y la salud de las comunidades afectadas.
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