El juicio oral contra Susana Villarán está cada vez más cerca. El miércoles 16 de abril, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial resolvió que el caso Rutas de Lima entrará en su etapa definitiva.
De esta manera, la Sala ordenó al Ministerio Público que corrija su acusación contra el exfuncionario Domingo Arzubialde y la empresa Walter Thompson Peruana, en un plazo de cinco días naturales. Cuando esto se cumpla, el Juzgado de Investigación Preparatoria tendrá ocho días hábiles para remitir el expediente.
Esta decisión también desestima las apelaciones presentadas por Rutas de Lima S.A.C. y las agencias Mindshare Perú S.A.C. y Momentum Ogilvy & Mather.
De acuerdo con América TV, debido a que la acusación contra los demás involucrados fue declarada conforme, todo estaría conforme para comenzar el esperado juicio oral. Precisan, además, que si bien el proceso podría avanzar en al menos 15 días, la duración en realidad dependerá de las acciones judiciales que se vayan tomando.
Susana Villarán se defiende
En marzo del año pasado, Susana Villarán aseguró que ella no ha “coimeado a nadie”, de cara al juicio que le seguirá. “Ahí se va a establecer la verdad y podré hablar y dar a los medios de comunicación mi versión. Yo estoy impedida de conversar con los medios sobre mi caso. Después, cuando pueda hablar, lo haré”, dijo al programa Contracorriente.
“No estoy dando entrevistas a nadie”, contestó inicialmente cuando la reportera la contactó cuando bajaba de su vehículo.
¿De qué trata el caso contra Susana Villarán?
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta un proceso penal por presuntamente haber recibido aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Según la Fiscalía, estos fondos, que superarían los 11 millones de dólares, habrían sido destinados a financiar la campaña contra su revocatoria en 2013 y su reelección en el 2014. A cambio de este dinero, las empresas habrían obtenido beneficios en contratos municipales, como las concesiones de los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima.
El Poder Judicial ha dictado auto de enjuiciamiento contra Villarán y otros 20 implicados, entre personas naturales y jurídicas, por delitos como organización criminal, lavado de activos y corrupción de funcionarios. La acusación, que consta de más de 1.900 páginas y más de 4.000 medios probatorios, fue remitida al Juzgado Penal Colegiado Nacional para el inicio del juicio oral.
La Fiscalía ha solicitado una pena de 29 años de prisión para la exburgomaestre, argumentando que no solo habría liderado una organización criminal que manipuló procesos administrativos, sino que también habría falsificado documentos para ocultar el origen ilícito de los fondos. Entre los coacusados se encuentran exfuncionarios de su gestión, como José Miguel Castro, y compañías vinculadas a los proyectos cuestionados.
Entre las medidas que se han tomado contra ella, está la incautación de una oficina y un estacionamiento doble localizados en la urbanización Chacarilla del Estanque, en el distrito limeño de Santiago de Surco. Esta acción fue realizada por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, en colaboración con la Procuraduría Pública Especializada en dicha materia, realizó en noviembre del 2024.
Según La República, las propiedades, cuyo valor asciende a S/907 mil 984, fueron adquiridas por la empresa Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.C., perteneciente a César Simón Meiggs Rojas. La tesis fiscal sostiene que estos bienes fueron utilizados como vehículos para encubrir el movimiento de capitales de procedencia ilícita. Estaban inscritos a nombre de Janet Marlene Alva Cornejo; sin embargo, se estima que están vinculados en actos ilegales, como el delito contra la administración pública.
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