En una institución pública del distrito de Ate, un hecho comprometedora se desató entre las paredes de un aula: un profesor exigió dinero a una estudiante con la promesa de mejorar sus notas. El caso salió a la luz tras una denuncia que activó la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuyo equipo logró reunir pruebas suficientes para llevar al acusado ante el Poder Judicial.
La situación involucró a un maestro con funciones asignadas en la Institución Educativa Nacional Juan Andrés Vivanco Amorín. Según la investigación fiscal, el implicado no solo solicitó una suma económica, sino que condicionó el progreso académico de la menor a ese pago. Las evidencias presentadas en juicio, entre ellas documentos y declaraciones, confirmaron los hechos y consolidaron el proceso judicial.
Las diligencias estuvieron lideradas por el Fiscal Provincial José Alberto Bustios Ledesma, jefe del 3.º Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este. Durante el juicio oral, la responsabilidad de sustentar la acusación recayó sobre la Fiscal Adjunta Kenia Grimalda Garrido Pajuelo, quien detalló la secuencia de hechos y presentó las pruebas que confirmaron el delito.
Según el Ministerio Público, esta conducta vulneró normas básicas del servicio público y expuso un acto de corrupción dentro del sistema educativo, en perjuicio del Estado.
El pedido de dinero y la promesa de una mejor nota
La denuncia reveló que el docente, identificado con las iniciales M.A.V., solicitó dinero directamente a una alumna a cambio de elevar su promedio académico. Esta acción fue calificada por el Ministerio Público como cohecho pasivo propio, figura penal que se aplica a funcionarios que exigen ventajas económicas a cambio de actos contrarios a sus deberes.
“El docente, en su condición de servidor público, incurrió en una conducta incompatible con los principios del sistema educativo y del servicio al Estado”, señaló la fiscal adjunta Garrido Pajuelo durante su intervención en el juicio. Su exposición se basó en testimonios clave, documentación probatoria y la declaración de la afectada.
En el juicio también participó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, representando los intereses del Estado y solicitando una sanción firme que marque un precedente. Su intervención apuntó a reforzar la necesidad de preservar la integridad de las instituciones educativas, especialmente en contextos donde los alumnos están en situación de vulnerabilidad frente a figuras de autoridad.
La sentencia y las sanciones adicionales
El Poder Judicial impuso una condena de cinco años de pena privativa de libertad contra M.A.V., aunque esta quedó suspendida por el periodo de diez meses. Durante ese tiempo, el sentenciado deberá acatar estrictamente una serie de normas de conducta. De no cumplir con lo establecido, la condena podrá hacerse efectiva.
Además de la condena principal, el juez dictó una inhabilitación por cuatro años y dos meses, lo que impide al docente ocupar cualquier cargo en el sector público. Esta medida incluye la prohibición de ejercer funciones docentes en cualquier institución educativa.
El acusado también deberá pagar S/ 5 mil por concepto de reparación civil al Estado. Esta suma fue fijada en cumplimiento del artículo 36 del Código Penal, que regula las sanciones accesorias en casos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
Líneas de emergencia
El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.
También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:
- Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
- Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
- Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?
La extorsión es un delito que atenta contra la seguridad personal y genera temor en las víctimas. Ante una amenaza de este tipo, es crucial mantener la calma y seguir ciertos pasos para protegerse y facilitar la intervención de las autoridades.
- No ceder ante las exigencias . Entregar dinero a los extorsionadores solo refuerza su conducta delictiva y puede dar lugar a nuevas amenazas. Es importante evitar cualquier tipo de negociación directa.
- Denunciar de inmediato . La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende estos casos a través de la central 105 y la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. También se puede presentar una denuncia en el Ministerio Público o en la comisaría más cercana.
- Reunir evidencia . Guardar mensajes, registrar llamadas y documentar cualquier intento de contacto de los delincuentes puede ser clave para la investigación. No borres información relevante y, si es posible, graba las llamadas recibidas.
- No proporcionar información personal . Si recibes una llamada de extorsión, evita confirmar datos sobre tu domicilio, lugar de trabajo o familia. Bloquea el número y reporta la situación a las autoridades.
- Tomar medidas de seguridad . Mantén discreción en redes sociales, evita compartir información sobre tu rutina y advierte a tu entorno sobre la situación para prevenir riesgos adicionales.
- Solicitar apoyo policial . Si la amenaza persiste, se puede solicitar resguardo policial o asesoría especializada en unidades como los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri).
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