Luego de que transportistas formales e informales paralizaran sus operaciones en protesta por el incremento de la inseguridad y las extorsiones en el país, desde el Congreso se sugirió que los conductores utilicen láminas antibalas para protegerse. Esta propuesta generó una fuerte reacción por parte del Colegio de Abogados de Lima (CAL), que emitió una declaración pública para expresar su rechazo.
Para el CAL, esta recomendación representa un “grave retroceso en la garantía de derechos fundamentales”, especialmente en sectores vulnerables como el transporte. Subrayaron que es deber del Estado garantizar la seguridad de todos los peruanos, por lo que intentar delegar esta responsabilidad a la población resulta inaceptable y peligroso.
Asimismo, el gremio legal advirtió que trasladar esa carga al sector privado no solo vulnera la libertad de empresa, sino que también evidencia una preocupante falta de estrategia y de comprensión sobre el rol del Estado en la provisión de seguridad y en el cumplimiento de su función pública.
Críticas a la propuesta de prohibición
En su pronunciamiento, el Colegio de Abogados de Lima también cuestionó otra medida actualmente en debate en el Congreso: la prohibición del acompañante en motocicleta, una política que ha sido señalada como inefectiva por diversos sectores, incluida la Defensoría del Pueblo.
El gremio legal argumentó que experiencias en Colombia han demostrado la ineficiencia de este tipo de restricciones. Según se detalla en el comunicado: “Estas medidas tienden a criminalizar sin evidencia y desvían el foco del verdadero problema estructural”. Asimismo, se advierte que, lejos de reducir los índices delictivos, tales políticas contribuyen al caos vehicular urbano sin ofrecer soluciones efectivas.
Este rechazo forma parte de un planteamiento más amplio del CAL, que denuncia una tendencia legislativa a promover respuestas punitivas o restrictivas sin sustento empírico, en lugar de abordar de forma estructural las causas profundas de la inseguridad ciudadana.
Proponen construir centros penitenciarios
Más allá de las críticas, el Colegio de Abogados de Lima también presentó propuestas concretas que apuntan a solucionar uno de los aspectos estructurales del problema de seguridad: el hacinamiento carcelario. En este sentido, la institución propuso que el Estado peruano impulse la construcción de centros penitenciarios en colaboración con el sector privado.
Esta propuesta incluye el uso de mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OXI) u otras modalidades viables. El CAL recordó que el Tribunal Constitucional ya exhortó en su momento al Estado a desarrollar un plan integral de deshacinamiento penitenciario, sin embargo, esta recomendación se ha venido implementando únicamente mediante flexibilizaciones normativas, dejando de lado la infraestructura carcelaria.
El comunicado advierte que medidas superficiales no resolverán el colapso del sistema penitenciario y que es necesario adoptar una estrategia que combine capacidades del sector público y privado para lograr resultados sostenibles.
Participación proactiva
Finalmente, el Colegio de Abogados de Lima reafirmó su compromiso institucional para participar activamente en la elaboración de una política pública de seguridad ciudadana. En su pronunciamiento, la entidad manifestó su disposición a poner a disposición del Estado a sus “más ilustres miembros” con el objetivo de contribuir técnicamente en la formulación de medidas que respondan a las verdaderas necesidades del país.
En ese sentido, el Colegio se ofreció como interlocutor técnico y colaborador estratégico tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, buscando garantizar que las futuras decisiones sobre seguridad se fundamenten en evidencia, respeten los derechos fundamentales y aborden los problemas estructurales que afectan a la población.
Prohíben que dos personas aborden una moto
A través del Decreto Supremo N° 046-2025-PCM, el Gobierno amplió el estado de emergencia en Lima y Callao, y prohibió que dos personas aborden una moto. La medida rige desde hoy 14 de abril y se extenderá, por lo menos, hasta la quincena de mayo.
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