Una nueva controversia reaviva las preocupaciones por la integridad del patrimonio histórico en el centro de Cusco. Esta vez, la alarma surgió desde el subsótano del centro comercial Ima Sumaq, donde hoy funciona la discoteca La Jungla. En este lugar, ubicado en la calle Arequipa, conocida también como Q’apchikijllu, se habrían alterado estructuras líticas de origen prehispánico, lo que provocó una diligencia fiscal solicitada por el Ministerio de Cultura y ejecutada en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito.
A raíz de denuncias públicas difundidas en medios locales y por colectivos ciudadanos, el Ministerio de Cultura —mediante su Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) en Cusco— presentó un pedido formal de intervención el 7 de abril de 2025. Hoy, apenas dos días después, representantes del Ministerio Público, funcionarios de la DDC y miembros de la Procuraduría Pública se trasladaron hasta el inmueble para verificar los hechos.
Durante la inspección, las autoridades constataron modificaciones recientes en el subsuelo del edificio. Según los informes preliminares, en el lugar se hallaron restos líticos, excavaciones sin autorización y estructuras que aparentan tener factura incaica. En la reunión sostenida con uno de los propietarios del local y su abogado, se confirmó la existencia de una denuncia penal interpuesta por la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social del Cusco.
La denuncia penal está dirigida contra los señores Modesto Baca Aranzábal y Ramiro Elvis Miñán, señaló la abogada T’ika Luizar Obregón. Se les atribuye responsabilidad por excavaciones no autorizadas y desmontaje de elementos líticos en el inmueble que actualmente alberga una discoteca.
Excavaciones sin autorización y restos líticos removidos
La situación se tornó más delicada luego de que, entre el 1 y 2 de abril, equipos de inspección integrados por representantes del Ministerio Público, la Municipalidad Provincial del Cusco y la Defensoría del Pueblo ingresaran al predio. Durante esta visita, detectaron que se habían realizado trabajos de excavación que no contaban con permisos de la comuna ni del Ministerio de Cultura. También identificaron la presencia de cerca de 800 piezas líticas aparentemente desmontadas.
Los indicios hallados sugieren un intento por ampliar el subsótano del inmueble, lo cual podría haber afectado muros de origen inca. La gravedad del caso obligó a acelerar las gestiones legales. En su acusación, la Comisión de Juristas incluyó como tercero civilmente responsable a la empresa Inversiones y Negocios M & BA E.I.R.L., actual propietaria del inmueble.
“Se evidencia fracturas en algunas de las piedras. Estamos hablando de elementos constructivos que podrían ser parte del patrimonio arqueológico cusqueño”, indicó una fuente técnica de la DDC que participó en la diligencia de hoy.
La intervención se mantuvo bajo supervisión del Ministerio Público, mientras los especialistas en patrimonio elaboraban un informe técnico para sustentar el procedimiento legal. La diligencia también consideró los antecedentes del caso, entre ellos un expediente archivado hace 14 años por falta de pruebas.
Un antecedente olvidado y una reapertura necesaria
En 2011, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco archivó una denuncia contra los propietarios del centro comercial Ima Sumaq. En aquel momento, la Municipalidad Provincial sostuvo que durante la construcción del centro comercial se afectaron estructuras incas adyacentes. Sin embargo, la falta de evidencias técnicas determinó el cierre del caso.
Ahora, la situación parece diferente. Las denuncias se sustentan en hallazgos recientes, con registros fotográficos, elementos líticos visibles y la sospecha de que se habrían abierto nuevos niveles subterráneos. La Comisión de Juristas no descarta solicitar una reapertura del expediente archivado, esta vez con pruebas que permitirían sustentar una acusación fiscal más sólida.
Por su parte, la congresista Ruth Luque Ibarra solicitó información oficial sobre este caso. En un oficio dirigido al ministro de Cultura, Luque pidió un informe escrito que detalle las acciones adoptadas ante la denuncia. Además, exigió medidas inmediatas para paralizar cualquier intervención ilegal y fiscalizar el inmueble.
“Este tipo de hechos no puede continuar ocurriendo. Se requiere una intervención firme, una inspección técnica inmediata y un plan de atención rápida frente a nuevas denuncias similares”, expresó en su documento oficial.
La preocupación se extiende a Ollantaytambo
A la par de lo ocurrido en Cusco, la congresista Luque también solicitó atención urgente para otro caso: la construcción de una vivienda de tres pisos dentro del Parque Arqueológico de Ollantaytambo. La denuncia fue acompañada de pedidos concretos: paralización inmediata de la obra, fiscalización y sanción si se comprueba ilegalidad.
Según el oficio enviado al Ministerio de Cultura, este tipo de edificaciones podría alterar de forma grave zonas protegidas por ley. En el caso específico de Ollantaytambo, se trataría de un área bajo resguardo arqueológico.
“Solicito que se verifique si dicha obra cuenta con autorización de su sector y, de no ser así, que se actúe con la debida celeridad para su paralización”, indicó Luque en su pedido.
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