Poder Judicial confirmó absolución de Edwin Oviedo por caso de homicidio contra dos trabajadores de su empresa

El abogado del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, César Nakasaki, resaltó que el fallo judicial también incluye una presunta actuación irregular por parte del fiscal Juan Carrasco, quien lideró la investigación

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El Poder Judicial confirmó por unanimidad la absolución del empresario y expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, por el delito de homicidio contra Manuel Rimarachin Cascos y Percy Waldemar Farro Witte. El caso se extendió por un periodo de diez años e incluyó más de 550 días de prisión preventiva.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad determinó que el Ministerio Público no había presentado pruebas de cargo que demuestren su culpabilidad. La decisión de absolverlo había sido tomada por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo el 22 de agosto del 2024. En total, Oviedo fue declarado inocente en dos instancias.

El juzgado a cargo del juicio y la sala que confirmó finalmente la sentencia criticaron la investigación y acusación realizada por el exfisal Juan Carrasco Millones, quien se desempeñó como exministro del Interior y Defensa de Pedro Castillo.

Iniciarían proceso contra fiscal Carrasco Millones

De acuerdo con las declaraciones del abogado de Oviedo, César Nakazaki, esta resolución representa el reconocimiento de la inocencia que su cliente defendió desde el inicio del proceso. El letrado destacó que el fallo judicial también señala una presunta actuación irregular por parte del fiscal Juan Carrasco, quien lideró la investigación. En ese sentido, indicó que tribunal determinó que el caso fue construido mediante “mecanismos arbitrarios indebidos”.

El caso contra Edwin Oviedo se remonta a una década atrás, cuando se le vinculó con presuntos actos ilícitos. Durante este tiempo, Oviedo enfrentó una persecución penal que, según su defensa, estuvo marcada por irregularidades y arbitrariedades.

El abogado subrayó que la resolución judicial no solo exonera a su cliente, sino que también pone en evidencia fallos graves en la actuación del Ministerio Público. Según explicó, la colaboración eficaz, una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado, fue mal empleada en este caso, al no contar con pruebas que respaldaran las acusaciones.

Edwin Oviedo fue el que
Edwin Oviedo fue el que llevó a Reimond Manco a Juan Aurich el 2011. (Difusión)

La sentencia emitida por el Poder Judicial incluye una orden para que se investigue al exfiscal Juan Carrasco, la cual estará a cargo de la Autoridad de Control del Ministerio Público. De esta forma, se deberá determinar si hubo responsabilidad en el uso indebido de los mecanismos legales durante el proceso.

El abogado también adelantó que, dependiendo de los resultados de esta diligencia, podrían emprenderse acciones legales adicionales, incluyendo una posible demanda de responsabilidad civil contra el exministro de Pedro Castillo.

Exintegrante del gabinete ministerial durante
Exintegrante del gabinete ministerial durante el gobierno de Castillo declaró sobre su situación. | Mininter

El caso ‘Los Wachiturros de Tumán’

En agosto del 2024, el Tribunal Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad absolvió de los cargos de homicidio que pesaban sobre Oviedo al considerar que no existían pruebas suficientes para condenarlo.

El proceso judicial, que se remonta al año 2016, fue iniciado por la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado (Fecor Lambayeque). La acusación señalaba que el expresidente de la FPF, y a otros implicados, habían sido responsables de las muertes de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Vite, trabajadores de la empresa Agroindustrial Tumán, de la cual Oviedo era propietario. La fiscalía solicitaba una condena de 52 años de prisión para el empresario, argumentando que había ordenado los homicidios en el contexto de disputas internas relacionadas con la administración de la compañía.

Uno de los aspectos más relevantes del caso fue el traslado del proceso judicial desde el Distrito Judicial de Lambayeque hacia la Corte de La Libertad. La Corte Suprema tomó esta decisión debido a la falta de garantías procesales en Lambayeque. El cambio de jurisdicción buscaba garantizar un juicio justo y apegado a derecho, teniendo en cuenta las tensiones locales podrían haber influido en el desarrollo del proceso.