Congreso aprueba norma que permite a la PNP usar armas de fuego en casos de flagrante delito

El Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de los Proyectos de Ley N° 5239/2022-CR, 6531/2023-CR, entre otros, que propone modificar el Decreto Legislativo 1186, el cual regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta reforma precisa la utilización de armas letales y no letales y establece el uso de armas de fuego en situaciones de flagrante delito, cuando se ponga en peligro la vida del agente o de otras personas.

La normativa establece que los medios de la PNP, autorizados o proporcionados por el Estado, incluyen tanto armas letales como no letales, equipos, accesorios y otros elementos de apoyo, que el personal policial emplea para enfrentar amenazas que pongan en riesgo la seguridad, el orden público o la integridad de las personas. Por ello, en situaciones donde se utilicen armas de fuego, armas letales inoperativas, armas falsas o cualquier otro elemento que represente una amenaza evidente para la vida del policía o de otra persona presente, el efectivo policial podrá abatir al agresor en el lugar de los hechos, considerándose esta acción como defensa propia.

El dictamen fue aprobado en primera votación con 81 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones. Posteriormente, fue exonerado de una segunda votación, con el mismo resultado en cuanto a votos a favor (81), 21 en contra y dos abstenciones. En relación con los plazos establecidos, el dictamen señala que será el Ministerio del Interior quien adecúe el Reglamento del Decreto Legislativo 1186, aprobado por el Decreto Supremo 012-2016-IN, para ajustarlo a las modificaciones de la nueva ley. Este ajuste deberá realizarse en un plazo no mayor a 60 días calendario.

Una propuesta polémica

La propuesta, que se viene tramitando desde el año 2022, ha sido observada por varios sectores de la sociedad que temen que podría abrir la puerta a un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Por ejemplo, en 2024, el Ministerio Público y el Poder Judicial se mostraron en contra de esta medida. Sin embargo, los defensores de la ley insisten en que la norma está diseñada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proporcionar a los agentes herramientas claras y efectivas para enfrentar situaciones extremas.

Este dictamen también aborda las observaciones realizadas por la Presidencia de la República a la autógrafa de ley, las cuales fueron discutidas por la Comisión de Defensa en su Octava Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de enero de 2025, en la que se aprobó por unanimidad el dictamen final. A partir de ahora, el Ministerio del Interior tendrá que adecuar su reglamentación para garantizar la correcta implementación de las nuevas disposiciones.

Pronunciamientos de congresistas

Adriana Tudela Gutiérrez, congresista de Avanza País y presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, explicó que el objetivo de esta reforma es dotar a la policía de una mayor estabilidad jurídica y recursos legales necesarios para enfrentar situaciones de extrema violencia. “La propuesta normativa tiene por finalidad dotar a la Policía de estabilidad jurídica y de recursos legales necesarios frente a situaciones límite o de extrema violencia para el cumplimiento del mandato constitucional”, manifestó Tudela.

Varios congresistas, entre ellos Jorge Montoya, Susel Paredes y José Williams, coincidieron en que las herramientas y recursos que la ley propone proporcionar a la PNP permitirán que los efectivos actúen con mayor determinación y eficacia frente al crimen organizado y situaciones de riesgo inmediato. Sin embargo, la parlamentaria Ruth Luque manifestó a los medios: “Es una ley de gatillo fácil, nadie está ajeno a un abuso de la fuerza policial”.