Dentro del penal de Puerto Pizarro, ubicado en la región Tumbes, se registró un hecho de extrema violencia. Un interno sufrió graves quemaduras tras ser rociado con thinner y prendido fuego. La agresión, según información de medios locales, ocurrió en un ambiente donde el acceso estaba restringido.
El incidente conmocionó a la población carcelaria y encendió las alertas en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que dispuso una investigación para esclarecer los hechos. La policía también participa en las diligencias, ya que la víctima se encontraba bajo un régimen especial de aislamiento.
Según las primeras indagaciones, la víctima, identificada como Ronald Oliva Vásquez, de 40 años, pertenecería a la banda criminal “Los Trujillanos” y cumplía su condena en un ambiente de reclusión especial. A pesar de las medidas de seguridad, otros internos lograron acceder hasta él y perpetraron el ataque.
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Los agresores, identificados como Jamer Arnold Anticona Guevara, Jerson Miguel Cabello Rodríguez y Johan Smith Gutiérrez, fueron trasladados a un área de meditación mientras avanzan las investigaciones.
Estado de salud y atención médica
Personal de seguridad del penal fue alertado sobre la emergencia a las 03:12 de la madrugada. Al llegar al ambiente de aislamiento, hallaron a Oliva Vásquez con quemaduras en gran parte del cuerpo. De inmediato, el área de salud del penal lo trasladó al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO) de Tumbes.
Según el reporte médico, el recluso presentaba quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 60% del cuerpo. Los especialistas evaluaban su traslado a un hospital con una Unidad de Quemados debido a la gravedad de sus lesiones. “Se encuentra en estado delicado y requiere atención especializada”, indicó una fuente del hospital regional.
El ataque generó dudas sobre cómo los agresores lograron vulnerar las restricciones de acceso al área donde se encontraba la víctima. Desde el INPE se informó que se brindarán todas las facilidades para el esclarecimiento del caso.
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“El INPE brindará las facilidades que sean necesarias a las autoridades competentes para el esclarecimiento del caso”, finaliza el comunicado.
Repercusiones y medidas a adoptar
Las autoridades del penal reforzaron los controles de seguridad y analizan cambios en los protocolos para evitar que hechos similares se repitan. Se espera que los responsables enfrenten nuevas sanciones dentro del sistema penitenciario y que se implementen medidas correctivas en la administración del penal de Puerto Pizarro.
El caso continúa en investigación mientras Oliva Vásquez permanece bajo cuidado médico, a la espera de una posible derivación a un hospital especializado. Entretanto, la situación en el penal sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades y organismos de derechos humanos.
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Un antecedente de lo ocurrido
En mayo de 2024, un enfrentamiento entre internos del Penal Mixto de Puerto Pizarro, en la región Tumbes, dejó como saldo la trágica muerte de Jhony Campos Uriol, de 54 años, quien cumplía condena por tráfico ilícito de drogas. El altercado, ocurrido entre ciudadanos peruanos y venezolanos, aún se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades penitenciarias.
Según el comunicado oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el incidente se produjo en el segundo piso del pabellón, donde se desató una reyerta con golpes, patadas y el uso de objetos contundentes como palos de madera. Ante el alboroto, el personal de seguridad del penal intervino para contener la situación y trasladó de inmediato a Campos Uriol al área de atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, el interno falleció dentro de las instalaciones.
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Las autoridades identificaron a siete internos involucrados en la confrontación, cuatro de nacionalidad venezolana y tres peruanos. Los ciudadanos venezolanos fueron identificados como Pedro Guaiculba Guaiculba, Maykel García Castillo, Kelver Domínguez Matos y Richard Gonzales Calle. Mientras tanto, los internos peruanos implicados son Miler Díaz Acevedo, Raúl Rodríguez Oropeza y López Mondragón.
Canales de emergencia
El Gobierno ha implementado la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para denunciar casos de extorsión y recibir asistencia inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permite a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos.
Además, hay otras opciones para reportar estos delitos:
- Línea 1818: Canal de emergencia para denuncias de extorsión.
- Celular 942841978: Contacto directo para reportes.
- Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
- Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en la investigación de estos delitos.
Otros números de emergencia incluyen:
- Bomberos Voluntarios del Perú: 116
- Centro de Emergencia Mujer: 100
- SAMU (Atención Móvil de Urgencia): 106
- Hospital Nacional de Emergencias: 113
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