El congresista Ernesto Bustamante, de la bancada de Fuerza Popular, expresó su postura respecto a una eventual candidatura de Vladimir Cerrón, el prófugo líder del partido Perú Libre, en las elecciones generales de 2026. No solo coincidió que, de eliminarse sus requisitorias, tendría el derecho a tentar la Presidencia, sino que espera que, de encontrarse hábil, lo haga para ser “derrotado en las urnas”.
Aunque no se quiso referir a la eventual presentación de una inhabilitación en contra del fundador de la agrupación del lápiz, enfatizó que no se debe recurrir a la eliminación política de candidatos como estrategia. “Si es liberado de las requisitorias que tiene actualmente, tendrá todo el derecho de participar y ojalá que participe para derrotarlo en las urnas. Considero que no se debe eliminar políticamente a nadie como candidato. Hay que derrotarlo en las urnas”, declaró.
Sus expresiones se dan en medio de la absolución del caso Aeródromo Wanka y de una entrevista en la que el exgobernador de Junín no descartó su postulación. “La política es muy cambiante, puedes estar en la cima el día de hoy y mañana en el abismo o viceversa. Por tanto, uno tiene que ir con la mesura del caso. La política es tan variable que uno no puede descartar absolutamente nada”, dijo en diálogo con el programa Cuarto Poder.
En ese sentido, sostuvo que, si logra resolver sus problemas legales y las bases de la agrupación política que fundó en 2008 piden que sea candidato a la Presidencia de la República, “sería un postulante al interior del partido que tendría que someterme no solo a la decisión de las bases, sino a las elecciones primarias que manda la ley para, después, consolidar una candidatura”. “El partido va a postular el año 2026 con candidatura propia, con fórmula presidencial propia”, enfatizó.

¿Vladimir Cerrón puede postular a las Elecciones 2026?
El caso Aeródromo Wanka, que había llevado a la condena de Cerrón, se centraba en presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Junín. Su absolución coincide con el inicio de la convocatoria para las elecciones generales de 2026, lo que ha incrementado las especulaciones sobre su posible candidatura presidencial. Como bien señalan, lo único que quedaría pendiente es la orden de prisión preventiva en su contra por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. De anularse, estaría presto a ser candidato. No obstante, esto no lo exime de la posibilidad de volver a ser condenado por el caso La Oroya.
Como se recuerda, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de cuatro años de prisión suspendida por el caso La Oroya, pero ordenó que el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo emita una nueva sentencia en primera instancia. La principal cuestión que deberá resolver el juzgado es si el proceso ha prescrito debido al tiempo transcurrido.
En diálogo con Infobae Perú, Luis Mayhua, sostuvo que el caso prescribió en 2021, basándose en los plazos establecidos por la Ley 31751, conocida como Ley Soto. Esta norma fija en un año el plazo de suspensión de la prescripción, lo que permitiría sumar un total de diez años para la prescripción del delito: seis años de prescripción ordinaria, tres años de prescripción extraordinaria y un año adicional por la suspensión. Sin embargo, la validez de la Ley Soto ha sido cuestionada por la Corte Suprema, que la declaró inconstitucional mediante un acuerdo plenario.
Tal es así que, desde la publicación de este acuerdo, la Sala Suprema Penal Permanente no aplica dicha norma y se ha presentado ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Soto presentada por el Colegio de Abogados de Loreto. Esto deja en manos del TC la constitucionalidad de la Ley Soto y, de serlo, del juzgado de Huancayo la decisión sobre el caso La Oroya.
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