El congresista Alejandro Cavero presentó una denuncia constitucional contra el vacado expresidente Pedro Castillo, a fin de inhabilitarlo de asumir cualquier cargo en el Estado por un plazo de 10 años. Ello, por infringir a la Constitución y presunta comisión de delitos de rebelión y conspiración a partir del golpe de Estado dado el pasado 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de inflexión en la política peruana.
Además de impedirle ejercer cargos públicos, se pide que se determine su responsabilidad penal y que los hechos sean remitidos al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes. “Al transgredir el marco constitucional, el golpista Pedro Castillo no sólo vulneró el principio de separación de poderes consagrado en los artículos 43 y 45 de la Constitución, sino que pretendió también impedir el funcionamiento de los principales entes que imparten justicia y velan por el orden constitucional”, detalla el escrito basado en infracciones relacionadas con los artículos 43, 45, 117, 118 y 134 de la Constitución, que garantizan la separación de poderes y el respeto al estado de derecho.
Como parte de los fundamentos se incluyó el análisis del Tribunal Constitucional, el cual confirmó que el mensaje a la nación constituyó un golpe de Estado y no una simple proclama política. Según el fundamento 68 de la sentencia, el anuncio de disolución del Congreso sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Constitución quebrantó el orden democrático. Además, el fundamento 72 destacó que las medidas inmediatas adoptadas por el exmandatario, como la reorganización del sistema judicial y la restricción de libertades, evidenciaron un intento deliberado de instaurar un régimen contrario al estado de derecho.
El máximo intérprete de la carta magna también validó las acciones del Congreso para restablecer el orden democrático, reforzando la calificación de los hechos como una infracción constitucional de la mayor gravedad. Según el documento presentado al Congreso, estas conclusiones respaldan la solicitud de inhabilitación y remisión del caso al Ministerio Público para determinar su responsabilidad penal.
Asimismo, se adjuntó el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, quienes rechazaron categóricamente el intento de golpe de Estado, confirmando la ilegitimidad de la actuación del denunciado; así como el registro de comunicaciones oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y documentos en los que dichas instituciones expresan su no respaldo a la ruptura constitucional, reafirmando el carácter inconstitucional del accionar del denunciado.
Jorge Angulo confirmó que Pedro Castillo llamó a excomadante general PNP Raúl Alfaro
La presentación de la denuncia se dio horas después de que el general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo Tejada, revele que el expresidente Pedro Castillo buscó establecer contacto con el entonces comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, el 7 de diciembre de 2022, día en que intentó disolver el Congreso y tomar control del sistema judicial. Este testimonio fue presentado en el marco del juicio contra Castillo, quien enfrenta cargos de rebelión tras su fallido intento de golpe de Estado.
De acuerdo con el testimonio de Angulo, el contacto entre Castillo y Alfaro ocurrió poco después del mensaje a la nación en el que el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso. En ese momento, Alfaro, quien se encontraba con descanso médico, recibió una llamada telefónica del expresidente. Angulo, presente en el despacho del comandante general, afirmó haber sido testigo de esta comunicación y señaló que respondió a su interlocutor sobre los motivos de la orden recibida. Según consignó el medio, el testigo también destacó que la postura oficial del Comando PNP frente a las acciones de Castillo fue de respeto a la Constitución.
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