El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que propone modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), un tema que ha generado una ola de reacciones tanto a favor como en contra, debido a las implicaciones que esta reforma tiene para el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. La aprobación de la ley, respaldada por 82 congresistas, ha sido rechazada por diversos sectores que alertan sobre los riesgos que esta normativa supone para la sociedad civil y los derechos humanos en el Perú.
La ley, que ahora pasará al Ejecutivo para su promulgación o posible observación, establece sanciones severas para las ONG que financien actividades que sean declaradas como “atentatorias contra el orden público, la propiedad pública o privada, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, y el orden interno”. Esta modificación ha generado una fuerte oposición, especialmente de las organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes advierten sobre el impacto negativo que tendrá en áreas clave como la educación, la salud y la lucha contra la corrupción.
Promsex denunció la “profundización del retroceso democrático en el Perú”
En un comunicado, la organización Promsex también expresó su firme rechazo a la reforma de la ley, subrayando que esta normativa profundiza el retroceso democrático en el país. La organización, que ha trabajado durante años en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y poblaciones vulnerables, destacó que la ley impone restricciones desproporcionadas e inconstitucionales a la sociedad civil.
“Esta norma desvirtúa el rol de las ONG, genera burocracia innecesaria, aumenta el gasto estatal y afecta la cooperación internacional”, apuntó Promsex, quien también señaló que la ley tendrá consecuencias negativas en sectores clave como la educación, la salud y los derechos humanos. En su comunicado, Promsex denunció que esta ley no busca transparencia ni una mejor supervisión de las organizaciones, sino que tiene como objetivo “obstaculizar el trabajo de las ONG y perpetuar la impunidad”.
Promsex alertó que la reforma afectará directamente la posibilidad de las ONG de apoyar iniciativas sociales clave. “Las organizaciones de la sociedad civil trabajamos con transparencia y rendición de cuentas, principios que respaldamos con mecanismos claros”, afirmó la organización. Sin embargo, según Promsex, la ley busca silenciar el trabajo de las organizaciones que defienden los derechos humanos y están comprometidas con la justicia social.
Amnistía Internacional: Preocupación por el control sobre las ONG y el acceso a la justicia
Amnistía Internacional ha expresado su rechazo y preocupación por la reforma, señalando que incrementa el control del Estado sobre las ONG, lo que deja abierta la puerta a restricciones arbitrarias y censura. La organización también advirtió que, al considerar “muy grave” el uso de recursos para asesorar o financiar acciones judiciales contra el Estado peruano, esta ley obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
“Con esta ley se obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas de diferentes vulneraciones de derechos en Perú, como la represión estatal, la contaminación ambiental o la violencia machista, que en el pasado han logrado acceder a la justicia con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil”, indicó Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Aprodeh: “Una ley que ataca a las víctimas y silencia a las ONG”
En el mismo sentido, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) ha rechazado categóricamente la ley, denunciando que esta “ataca a las víctimas” y “silencia a las ONG” que históricamente han apoyado a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En su pronunciamiento, APRODEH destacó que la ley representa un atropello a la libertad de asociación y un claro intento de debilitar a las organizaciones que han sido clave en la búsqueda de justicia, verdad y reparación.
“Esta es una ley anti-víctimas. Su objetivo es dejar a las víctimas sin representación legal, sancionando a las organizaciones que las hemos acompañado en procesos largos y complejos”, señaló Aprodeh. La organización también enfatizó que la ley “atenta contra el derecho a la defensa de las víctimas”, limitando su acceso a la justicia tanto en tribunales nacionales como internacionales. Además, advirtieron que la ley obstaculiza actos administrativos esenciales, como la búsqueda de desaparecidos, y limita la posibilidad de que las víctimas de masacres ocurridas durante este gobierno acudan a instancias internacionales.
Desde Aprodeh se hizo un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional para que se unan en la defensa de los derechos humanos y la libertad de asociación. “¡No nos callarán! Seguiremos luchando por la justicia y la verdad, porque las víctimas no están solas”, expresaron en su pronunciamiento.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su rechazo rotundo
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), uno de los principales organismos de defensa de los derechos humanos en el Perú, ha expresado su enérgico rechazo ante la aprobación de esta reforma. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la CNDDHH destacó que la nueva normativa representa un “grave retroceso democrático”, ya que impone un control indebido sobre la sociedad civil y pone en peligro las libertades fundamentales consagradas en la Constitución.
La CNDDHH señaló que esta ley no busca promover la transparencia, sino que “pretende acallar las voces críticas que fiscalizan el accionar del Estado y defienden a los sectores más vulnerables”. Para las organizaciones sociales, la reforma se convierte en un obstáculo para la defensa de los derechos humanos y para el apoyo legal que brindan a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese sentido, la CNDDHH enfatizó que con esta reforma se verán perseguidas las ONG que trabajan en áreas sensibles como la equidad de género, protección de la Amazonía y lucha contra la corrupción.
En este contexto, la CNDDHH alertó sobre el impacto negativo en la participación ciudadana, ya que “se limita además la posibilidad de promover el voto informado y denunciar candidatos vinculados a economías ilegales”. Frente a este panorama, la organización instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y rechazar el silenciamiento de la sociedad civil, en defensa de una democracia plena con participación y derechos para todos.
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