Gobierno, empresa y crimen organizado buscan debilitar y amordazar a organizaciones indígenas

Hace 45 años que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) nació del vientre del territorio ancestral, arropada desde entonces por los pueblos indígenas amazónicos que estuvieron en esta parte del hemisferio antes de los virreinatos de España y de la constitución de la república del Perú. Los objetivos fundacionales de esta organización de milenario linaje se concibieron y se entretejieron con los valores culturales transmitidos de generación en generación. Con el paso del tiempo, su designio primigenio de ‘defensa del territorio ancestral para la continuidad de la vida y la cultura propia’ no solamente permitió el Buen Vivir de miles de comunidades originarias sino también el bienestar de millones de personas alrededor del mundo.

Investigaciones de entidades de gran prestigio coinciden en asegurar que el territorio habitado por los pueblos indígenas es donde mejor está conservado el bosque. Asimismo, existen abundantes recursos naturales de importante valor comercial como árboles maderables, oro, germoplasma, especies, petróleo y tierra fértil. Este esfuerzo generacional y colectivo de cuidado de la ‘casa grande’ y de ‘nuestro mercado’ tiene y sigue teniendo un costo cada vez más alto, desde la muerte de indígenas y policías en la Curva del diablo (Baguazo) en junio del 2009 –en la historia reciente– hasta el asesinato de 35 líderes indígenas defensores en los últimos 15 años. Estos dos trágicos y dolorosos sucesos tienen las mismas motivaciones. El primero fue el resultado de una brutal represión contra los que ejercían el derecho a la protesta pacífica –durante el último gobierno aprista– en defensa del territorio del pueblo Awajún y Wampis que el gobierno había decretado a favor de la inversión extranjera. El segundo caso ha sido y sigue siendo perpetrado por el crimen organizado vinculado con la minería de oro, el tráfico de madera y los cultivos ilícitos, que al no encontrar quien los frene desde la fuerza pública, desde el Congreso de la República y desde el Ejecutivo, avanzan arrasando con la vida de los lideres indígenas que se oponen a la invasión del territorio de sus comunidades.

En este difícil contexto y similares, AIDESEP siempre estuvo presente para exigir al Estado la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad –tal como reza la constitución política del Perú– y el derecho de los pueblos indígenas de vivir en paz en el territorio heredado de sus antepasados. Demanda también el fin del creciente poder e influencia que la economía ilegal ejerce hoy mismo sobre algunos funcionarios públicos, empresarios y políticos en agravio de la seguridad, la salud y la vida de los indígenas en los lugares más alejados.

Durante los años de vida institucional de esta importante organización indígena, no hubo nunca una época prolongada sin que sus dirigentes y congéneres estuvieran libres de persecución, asedio, discriminación y violencia. El punto más alto de agresión de los derechos colectivos y fundamentales fue el “Baguazo” del 5 junio 2009. Desde entonces, se había vislumbrado que las políticas públicas se adecuarían a la visión de desarrollo intercultural y el respeto de los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas. Sin embargo, podemos ver con claridad, en estos últimos años, el avance de una amenaza existencial comparable con la narrativa y las decisiones políticas que alimentaron lamentables e innecesarios conflictos sociales.

Hay algo mucho más peligroso ahora, no solamente el gobierno sino también algunas empresas y el crimen organizado buscan de manera sistemática y violenta debilitar a AIDESEP, con el fin de silenciar sus innumerables reclamos y denuncias de asesinato de líderes indígenas que impiden en el lugar de los hechos la invasión del territorio ancestral, la desaparición de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), socavar la existencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y usan la revisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para silenciar e inhabilitar organizaciones de la sociedad civil.