Abogado de la Fiscalía echa a la calle a su madre de 81 años para tomar posesión de su vivienda en Jesús María: “Es mi casa”

Una mujer de 81 años amaneció en las afueras de su vivienda en el distrito limeño de Jesús María, después de que su hijo de 42 años la desalojara de la propiedad que ambos comparten debido a un tema de herencia. La angustiada madre, que padece de diabetes, se niega a abandonar la casa en la que ha vivido casi toda su vida.

Un equipo periodístico de ATV Noticias llegó hasta el Jirón Huayna Cápac 1237 donde la señora Pascuala del Carmen Quiero pernocta cuidando sus muebles y demás objetos con el miedo de que puedan ser robados. Según cuenta, la pesadilla inició hace algunos años cuando volvió de visitar a sus hermanos en Chile. Su hijo, un abogado del Ministerio Público de nombre Sergio Aurelio Hung Quiero, había cambiado las chapas del inmueble y la anciana tuvo que ingresar al predio trepándose por una pared conjunta de un vecino.

“Mi hijo me dijo que él era el posesionario, no yo. Y yo soy la dueña, esta es mi casa donde vivo desde hace 60 años. Yo la compré antes que mi hijo naciera. Yo los procreé acá. ¿Cuánto les ha costado la casa a ellos? Que me digan cuánto les costó, porque yo la compré con mi marido en préstamo hipotecario, y ahora se vienen a adueñar de toda la casa”, lamentó la mujer, quien explicó que, debido a una resolución del Poder Judicial en la que su hijo la denunció por el delito de usurpación, el 10 de marzo llegaron unos presuntos matones para desalojarla, arrojando todas sus pertenencias a la calle. En medio de este incidente, también desapareció el dinero que ella tenía ahorrado, así como el medicamento que utiliza para controlar sus múltiples enfermedades.

Nuera de adulta mayor justifica el desalojo

Después de este suceso, el abogado de la Fiscalía, quien también trabaja como músico en su tiempo libre, volvió a cambiar las chapas del inmueble, según informó el noticiero. El programa intentó en varias ocasiones obtener la versión de los hechos de Sergio Hung Quiero, pero fue su pareja quien, con una actitud alterada, acusó a su suegra de necesitar atención psiquiátrica y justificó el desalojo alegando que la mujer era violenta. Sin embargo, reconoció que el 50% de la propiedad le corresponde a la adulta mayor.

“La señora ha querido agredir a mi esposo. La señora ha abandonado varias veces el hogar. No se puede vivir con una persona violenta, tiene que pasar por atención psicológica. El 50% es de la señora y el 50% es de los hijos. A ella la han desalojado por el delito de usurpación. Ella podía entrar pero hablando, dialogando, pero no, ella vino y cerró todo. Nosotros no hemos hecho lo mismo, hemos esperado nueve años y ya salió la resolución”, mencionó Débora Flores, pareja de Sergio Hung Quiero.

Flores justificó la falta de humanidad de la familia al señalar que “hay personas de 80 años que cometen crímenes, son psicópatas, hay personas narcisistas. O sea, ¿no puedo emitir juicios sobre las madres, sobre las personas de 80 años? Hay delincuentes también”, expresó. Además, agregó que si fuera su propia madre en esa situación, también tomaría la misma decisión. “Claro que sí, si es una persona mala, si es alguien que no me ha criado, claro que sí”, afirmó. También destacó que es ella quien ha estado junto a su pareja en los momentos más difíciles. “Yo he vivido sus traumas, he vivido sus ansiedades, y yo lo he consolado”, concluyó.

El equipo periodístico intentó mediar entre ambas partes para que doña Pascuala pudiera regresar a su hogar, ya que no tiene otro lugar al que acudir para refugiarse. Sin embargo, la nuera rechazó esta posibilidad, argumentando que debe velar por la tranquilidad y seguridad de sus hijos menores. Por lo tanto, aseguró que no está dispuesta a abrirle las puertas a la propietaria del inmueble.

Cabe mencionar que, Débora Flores entregó dos resoluciones de la Corte Suprema de Lima al noticiero, en las que se confirma que, tras el fallecimiento del padre de Sergio Hung, el 50% del predio corresponde a Pascuala Quiero y el otro 50% a los hijos. En otro documento de 2023, se establece que la adulta mayor es culpable del delito de usurpación agravada, y se le impone una pena de cuatro años de prisión suspendida, además de un pago por reparación civil. Sin embargo, en ninguno de los documentos se menciona un desalojo legal en su contra.