El incendio de Barrios Altos también tiene un trasfondo económico: 1 de cada 3 trabajadores en Lima está subempleado

Un devastador incendio que comenzó la tarde del viernes 3 de marzo de 2025 en Barrios Altos, en el Cercado de Lima, ha dejado un saldo de siete edificaciones afectadas, entre las cuales se encuentran dos edificios completamente derrumbados y uno más con daños parciales. Según informaron las autoridades, el siniestro, que ya lleva más de 40 horas activo, no ha causado víctimas mortales ni heridos entre los bomberos que trabajan en la zona.

Sin embargo, este tipo de siniestros no son un hecho aislado en el Perú. El incendio de Barrios Altos no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras en zonas históricas de Lima, sino que también revela problemas estructurales relacionados con la informalidad laboral y la falta de fiscalización municipal. Así, este tipo de emergencias son el resultado de condiciones laborales precarias y la proliferación de almacenes informales en áreas urbanas densamente pobladas.

Barrios Altos: informalidad como trasfondo del desastre

Fernando Cuadros Luque, exviceministro de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), señala para Infobae Perú que este tipo de tragedias no son casos aislados, sino que reflejan una problemática más amplia relacionada con la informalidad en el país. Según Cuadros, muchos de los almacenes que operan en zonas como Barrios Altos no cuentan con las autorizaciones municipales necesarias ni cumplen con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Esto, afirmó, no solo pone en riesgo a los trabajadores que laboran en condiciones inadecuadas, sino también a los vecinos de las áreas circundantes.

Veamos el escenario previo: el 40% de la población económicamente activa (PEA) ocupada en Lima Metropolitana está subempleada. Según datos del INEI en el último trimestre 2024, el número de personas subempleadas en la región alcanzó los 2 millones 185.800 el año pasado, un 1,4% más que el periodo 2023. Este aumento se torna aún más preocupante al compararlo con los niveles registrados antes de la pandemia en 2019, ya que el subempleo ha crecido un 25,5% desde entonces. Estas cifras reflejan que, a pesar de ciertos signos de recuperación económica, una parte considerable de la población continúa enfrentando dificultades para acceder a empleos adecuados.

Cuadros refiere que la informalidad en estos espacios no se limita al ámbito laboral, sino que también incluye aspectos tributarios y municipales. “No declaran rentas ni pagan impuestos, y muchas veces operan sin haber sido autorizados por las municipalidades, que carecen de los recursos necesarios para fiscalizar adecuadamente”, señaló. Además, subraya que los trabajadores en estos almacenes suelen estar fuera de planilla, sin acceso a beneficios ni condiciones mínimas de seguridad.

El vínculo entre el subempleo y las emergencias urbanas

El incendio en Barrios Altos también reaviva el debate sobre las causas estructurales del subempleo en el Perú. Según Cuadros, la insuficiente generación de empleo asalariado formal es uno de los principales factores que empuja a las personas a aceptar trabajos en condiciones de informalidad. “En el Perú, la economía no genera suficientes empleos formales para cubrir la oferta de mano de obra disponible. Esto obliga a muchas personas a aceptar empleos precarios o a generar su propio empleo en condiciones igualmente inadecuadas”, dijo.

El exviceministro también destacó la debilidad del Estado en la fiscalización del cumplimiento de las normativas laborales y municipales. Con solo 800 inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para supervisar a más de 8 millones de asalariados en todo el país, la probabilidad de que una empresa informal sea inspeccionada es extremadamente baja. Esta falta de supervisión, combinada con un crecimiento económico limitado, perpetúa la informalidad y las condiciones laborales precarias.

Un problema recurrente en el país

El incendio en Barrios Altos no es un caso aislado. En años recientes, el Perú ha sido escenario de varias tragedias similares que han puesto en evidencia las fallas estructurales en la regulación y fiscalización de espacios laborales. Uno de los casos más recordados es el de la galería Nicolini, en el Cercado de Lima, donde en 2017 dos jóvenes murieron atrapados en un almacén durante un incendio que se prolongó por siete días. Según las investigaciones, los trabajadores habían sido encerrados por sus empleadores para evitar robos, lo que los dejó sin posibilidad de escapar.

Cuadros señaló que este tipo de situaciones no solo ocurren en sectores informales, sino también en espacios que se consideran formales, como centros comerciales. Citó como ejemplo un incidente reciente en el Real Plaza de Trujillo, donde se detectaron problemas de infraestructura que pusieron en riesgo la vida de los trabajadores. “Esto demuestra que la precariedad laboral y la falta de regulación no son exclusivas de los sectores de bajos ingresos, sino que también afectan a segmentos supuestamente formales”, afirmó.

La recuperación del empleo formal: ¿realidad o discurso político?

A pesar de los esfuerzos del gobierno por destacar avances en la formalización del empleo, Cuadros cuestionó la veracidad de estas afirmaciones. Según el exviceministro, aunque se han recuperado los empleos formales perdidos durante la pandemia de 2020, el crecimiento ha sido marginal y no ha solucionado el problema estructural de la informalidad laboral. “Actualmente, hay alrededor de 4 millones de asalariados privados en planilla y 1,5 millones en el sector público. Sin embargo, esto no representa una mejora sustancial respecto a los niveles previos a la pandemia”, explicó.

Cuadros también criticó el manejo político de las cifras, señalando que el crecimiento económico del país ha sido insuficiente para generar un cambio significativo en el mercado laboral. Con un crecimiento del 3,3% en 2024 y una recesión en 2023, las condiciones económicas no han favorecido la creación de empleos formales. Además, la falta de recursos y personal en entidades como Sunafil limita la capacidad del Estado para fiscalizar y formalizar a las empresas que operan en la informalidad.