Protestas en Trujillo: exigen sanciones tras el colapso del techo del Real Plaza que dejó seis muertos

La ciudad de Trujillo realiza este lunes 24 de febrero, una jornada de protestas tras el colapso del techo en el patio de comidas del centro comercial Real Plaza, ocurrido el pasado viernes 21 de febrero a las 8:42 p.m. El trágico incidente dejó seis fallecidos y más de 80 heridos, quienes quedaron atrapadas bajo los escombros. La población exige justicia y responsabilidades tanto de las autoridades locales como de la empresa privada, cuestionando la falta de supervisión y medidas de seguridad que podrían haber evitado esta tragedia.

Las protestas se han desarrollado en la plaza central y también frente al centro comercial, donde ayer, domingo 23 de febrero, los ciudadanos realizaron una vigilia en homenaje a las víctimas. “¡Justicia ahora!” y “Solo el pueblo salva al pueblo”, se lee en los carteles.

Los ciudadanos de Trujillo responsabilizan a las autoridades políticas, judiciales y a los dueños del establecimiento por la tragedia. Los muros del Real Plaza se han convertido en lugar de expresión, repletos de afiches que narran el dolor de los familiares y exigen por respuestas inmediatas.

El colapso, que ocurrió cerca de las avenidas Vallejo y Fátima, ha puesto en evidencia serias deficiencias en los protocolos de construcción, mantenimiento y fiscalización. Pese a la magnitud del desastre, ningún representante del centro comercial ni funcionarios públicos ha asumido responsabilidad concreta, lo que ha incrementado la ira de los ciudadanos. Los manifestantes denuncian una grave omisión de funciones de las autoridades locales, así como de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en espacios públicos.

La indignación ha escalado en toda la ciudad no solo por la tragedia en sí, sino también por la sensación de abandono frente a las víctimas. Las demandas incluyen una auditoría rápida y transparente del incidente, sanciones severas para los responsables y medidas para prevenir futuros desastres en otros espacios públicos. Trujillo, una vez más, se erige como símbolo de resistencia ciudadana, dejando claro que el sufrimiento de las víctimas no quedará impune.

Fiscalía investiga responsabilidades

El colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, ocurrido la noche del viernes 21 de febrero, dejó seis muertos y más de 80 heridos, generando conmoción en la comunidad. Ante la magnitud de la tragedia, el Ministerio Público inició una investigación preliminar para determinar responsabilidades, focalizándose en el representante legal del establecimiento, Luis Alonso Santa María Torres, pero extendiendo su alcance a posibles implicados como la municipalidad de Trujillo y personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Según el presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Gustavo Guillermo Bringas, el proceso analizará la documentación relacionada con las inspecciones técnicas de seguridad (ITSE) y la emisión de permisos que permitieron el funcionamiento del centro comercial. El fiscal subrayó que se esclarecerá quiénes autorizaron las condiciones de operación y anunció que, conforme se obtengan pruebas, más personas podrían ser implicadas, incluido el representante del grupo de inversionistas del Real Plaza, Misael Shimizu.

Bringas aseguró transparencia total en el proceso, enfatizando que no se encubrirá ni excluirá a nadie arbitrariamente. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de actuar con seriedad, evitando acusaciones sin fundamentos sólidos. Esta investigación preliminar busca establecer con rigor las causas del colapso y determinar si hubo negligencia por parte del centro comercial o de las autoridades regulatorias.

El incidente, que ocurrió en un momento de alta concurrencia, generó pánico entre el público y dejó severos daños humanos y materiales, reacondicionando el debate sobre la seguridad estructural en espacios de uso masivo. Las conclusiones de la investigación tendrán implicaciones legales cruciales para sancionar a los responsables, así como sociales, alentando una revisión exhaustiva de los procesos de supervisión para evitar futuras tragedias similares.