La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado el impedimento de salida del país contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, investigado por una aparente red de corrupción en el extinto programa Qaliwarma y mencionado como posible candidato para ocupar el cargo de embajador del Perú ante el Vaticano.
La audiencia para evaluar el requerimiento, presentado el último viernes ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se llevará a cabo el próximo 4 de marzo, y de ser aceptado, el extitular del portafolio no podrá salir del país durante nueve meses.
Demartini se encuentra incurso en una pesquisa fiscal por omisión de funciones, al no haber supervisado adecuadamente las adquisiciones de Qali Warma, lo que resultó en el suministro de carne de caballo en lugar de carne de res, así como conservas de pollo con hongos y en mal estado, según una serie de reportajes.
A raíz de este escándalo, también es investigado el portavoz presidencial, Freddy Hinojosa, quien ya enfrenta un impedimento de salida del país por seis meses.
La semana pasada, el canciller Elmer Schialer dejó abierta la posibilidad de que el exministro sea nombrado embajador del Perú ante el Vaticano, a pesar de la investigación en su contra. “Yo no veo ningún impedimento legal para que pueda ser nombrado”, dijo al calificarlo como “muy competente”.
Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, consideró que Demartini “fue un trabajador leal” que se apartó del Gobierno para evitar generar “perturbación alguna” en el Ejecutivo. “Yo destaco este hecho por sobre cualquier otro, porque muestra un desprendimiento de su parte frente a lo que podía ser una situación generadora de problemas en el gobierno de la presidenta Boluarte”, apuntó en una entrevista radial.
También dejó en claro que, en caso de que la propuesta de designación se presente en el Consejo de Ministros, votaría a favor de la misma. “Si la decisión ha sido tomada por la jefa de Estado y el canciller, yo daría mi voto a favor”, aseguró. Además, calificó al exministro como una persona con la que siente “gran simpatía”.
La posibilidad de su nombramiento generó rechazo en el Congreso. El legislador fujimorista Alejandro Aguinaga lo comparó con una “hostia envenenada” y afirmó que, debido a las acusaciones de corrupción, no debía representar al país en Roma. “Eso es una barbaridad. Siendo el Vaticano tan sensible y existiendo acusaciones de corrupción, no puedes enviarle esa hostia envenenada a la Iglesia”, declaró.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, solicitó a la fiscal de la Nación garantizar que la investigación continúe sin interferencias y expresó su preocupación de que la posible designación como embajador sea una “maniobra política” para evadir las investigaciones, ya que la inmunidad diplomática dificultaría la recopilación de pruebas y el avance del proceso.
Defensa responde
El abogado Fernando Silva, defensa legal de Demartini, confirmó que ya ha sido notificado sobre el pedido fiscal de impedimento de salida del país, aunque consideró que carece de fundamento. “Esta es en una investigación bastante temprana, no tiene ni 30 días de iniciada, con lo cual no tiene acervo probatorio importante que acredite la supuesta participación del señor en una actividad criminal”, señaló a Canal N.
Refirió que su cliente ya ha declarado ante el Ministerio Público y mencionó que la eventual designación en la Santa Sede no debe causar sospechas. “Cada persona tiene derecho a aceptar, si es que se lo proponen, al señor ministro aún no lo han propuesto, ser representante del Perú fuera del país o cualquier otro cargo de funcionario público. Eso no le genera posibilidad de fuga, al contrario, le da certeza de dónde está, de que tiene un trabajo, un ingreso fijo por parte del estado que le permita afrontar una investigación como la que tiene”, agregó.
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