El coronel en retiro Harvey Colchado y el general Óscar Arriola están en medio de una fuerte disputa pública a raíz de las acusaciones de corrupción en los ascensos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Esta controversia fue avivada por una serie de declaraciones de Colchado, quien acusó a varios oficiales de pagar sobornos para ascender a grados superiores, y se ha intensificado con el envío de cartas notariales exigiendo que se rectifique.
El 12 de febrero de 2025, en una entrevista en Radio Exitosa, Harvey Colchado hizo públicas varias afirmaciones sobre la corrupción dentro de la PNP. Colchado reveló que varios generales, específicamente cuatro de ellos, habían pagado entre 25.000 y 30.000 dólares para ascender a general cuando aún eran coroneles.
“Se ha acreditado que varios generales, cuatro probados, han pagado entre 25 y 30 mil dólares para tener el grado de general cuando eran coroneles. Están ahora, y hay varios. De los 65 generales que tiene la Policía actualmente, solo el 30% son honestos. No han pagado”, afirmó Colchado.
Esta denuncia provocó la respuesta inmediata de los generales Óscar Arriola y Jhonny Véliz Noriega, quienes, el 13 de febrero de 2025, enviaron una carta notarial a Colchado exigiéndole que se rectificara dentro de un plazo de 72 horas. En las cartas, Arriola y Véliz calificaron las acusaciones de Colchado como difamación y le pidieron que presentara pruebas o enfrentara consecuencias legales.
“La verdad no se borra con cartas intimidatorias”
En respuesta, Colchado publicó un mensaje en X donde reafirmó sus denuncias y criticó a los generales por centrarse en cartas notariales en lugar de abordar los problemas internos de la institución.
“Señores generales, la evidencia es pública: en 2022 se detuvo a varios generales por presuntamente pagar sobornos para ascender, pero no pierdan su tiempo y mejor pidan esas pruebas a su jefe, Juan José Santiváñez, quien fue abogado defensor de uno de ellos", expresó Colchado.
También agregó: “La verdad no se borra con cartas intimidatorias”, y criticó a Arriola y Véliz por no haber actuado cuando el congresista José Cueto mencionó la existencia de mafias dentro de la PNP, optando por quedarse en silencio ante el poder político.
Colchado también señaló que más de 300 personas han muerto por sicariato en las primeras siete semanas de 2025, y cuestionó la falta de acción para mejorar las estrategias de seguridad.
“En vez de mejorar las estrategias y pedir la derogación de las últimas normas pro crimen, su única respuesta es enviar cartas notariales e imitar o cumplir las órdenes de su jefe Santiváñez, un abogado defensor de presuntas organizaciones criminales que solo sabe de escritos y denuncias”, agregó.
Colchado evalúa ser candidato al Congreso
El último 16 de febrero, Colchado reveló que está considerando postularse al Congreso de la República en las próximas elecciones de 2026. Aunque inicialmente descartó la idea, expresó que se está “animando” y evaluará su candidatura, especialmente tras la presentación de un proyecto de ley que busca impedir que personas con acceso a información confidencial, como él, puedan postularse.
El coronel en retiro cuestionó la motivación detrás del proyecto, que fue propuesto por el congresista Alejandro Soto de Alianza Para el Progreso (APP), cercano a la presidenta Dina Boluarte. Según Colchado, la iniciativa excluye a los parlamentarios que también tienen acceso a información sensible, lo que considera un “abuso de poder”. En una entrevista, mencionó que el proyecto está diseñado para afectar a personas como él, que han sido críticos del poder político.
El exjefe de la Diviac también destacó que este proyecto de ley afecta no solo a él, sino a otros miembros de la PNP como Vicente Romero y Jorge Angulo, quienes también podrían enfrentar restricciones para postularse. “Nos están cerrando las puertas a quienes podríamos ser una buena opción”, declaró.
Colchado subrayó que nunca antes había considerado la política, pero está empezando a contemplar seriamente la idea debido a la situación actual. Además, criticó la falta de acción del Poder Legislativo frente a la corrupción y la criminalidad, señalando que más de 300 muertes por sicariato en 2025 no han sido abordadas adecuadamente.
La polémica ley que podría bloquear su postulación ha generado críticas, con expertos legales calificando la medida como inconstitucional y antidemocrática, debido a que establece distinciones entre personas con acceso a información reservada, sin aplicar el mismo criterio a los congresistas.
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