La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se presentó este lunes (24.02.2025) en la sede de la Fiscalía de la Nación para declarar en el marco de la investigación preliminar sobre el escándalo de corrupción en el programa social de alimentación escolar ‘Qali Warma’. Boluarte, quien fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), estuvo cinco horas en las instalaciones del Ministerio Público, donde fue citada por la fiscal general, Delia Espinoza, para aclarar su gestión en el controversial programa.
La investigación se centra en la posible comisión del delito de negociación incompatible, pues se sospecha que Boluarte habría favorecido a la empresa Frigoinca con contratos millonarios por la distribución de alimentos en mal estado. En particular, se investiga un contrato por más de 4,7 millones de soles (aproximadamente 1,28 millones de dólares), relacionado con la provisión de conservas que presuntamente contenían carne de caballo en lugar de carne de vaca y otros productos no aptos para el consumo humano.
El escándalo salió a la luz pública en noviembre de 2024, cuando una serie de reportajes periodísticos revelaron que el programa ‘Qali Warma’ había distribuido alimentos en malas condiciones a escolares en diversas zonas del país. Las denuncias fueron respaldadas por testimonios de extrabajadores de Frigoinca, quienes afirmaron que la empresa no solo entregó conservas con hongos, sino que también habría suministrado carne en mal estado y otros productos de dudosa calidad. La mayoría de los afectados fueron escolares de zonas rurales y remotas de Perú, que recibieron los productos de forma regular a través de este programa.
La situación se complicó aún más cuando el dueño de Frigoinca, Nilo Burga, fue encontrado muerto en un hotel de Lima en diciembre de 2024, lo que añadió misterio al caso. A raíz de estas revelaciones, la Procuraduría General de Perú solicitó a la Fiscalía que investigara a fondo el escándalo, dada la gravedad de los hechos, que expusieron a miles de niños a productos no aptos para el consumo.
En paralelo, el Poder Judicial tomó medidas cautelares contra algunos de los implicados en el caso, como el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, quien fue prohibido de salir del país durante seis meses debido a su vinculación con la gestión de ‘Qali Warma’. También se ha abierto una investigación contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, por su presunta implicación en los contratos con las empresas proveedoras.
Este escándalo de corrupción ha tenido profundas repercusiones políticas. La presidenta Dina Boluarte ha enfrentado fuertes críticas y, como resultado, ha renovado su gabinete ministerial por séptima vez en dos años, con el fin de recuperar la confianza pública y dar respuesta a la creciente presión social.
Ante la crisis generada por el escándalo, el gobierno peruano anunció la desactivación del programa ‘Qali Warma’ y su reemplazo por una nueva iniciativa, el programa ‘Wasi Mikuna’, que busca mejorar la transparencia en la distribución de alimentos y garantizar la calidad de los productos entregados a los estudiantes.
El caso ha trascendido fronteras, y organismos internacionales, como la ONU, han instado a las autoridades peruanas a actuar con responsabilidad y asegurar la sanción de los responsables.
Con miles de niños afectados y una crisis política en curso, el Caso Qali Warma se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
Congresistas rechazan posible designación de Demartini en el Vaticano
La posible designación de Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, al Vaticano ha generado rechazo entre congresistas peruanos.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, expresó su preocupación y exigió que la Fiscalía de la Nación continúe con las investigaciones sobre su implicación en el caso Qali Warma.
Burgos calificó la posible asignación de Demartini a una posición diplomática como una “hostia envenenada”, dado el contexto de corrupción en el que está involucrado, particularmente por las denuncias relacionadas con alimentos en mal estado distribuidos a escolares del país.
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