La misteriosa muerte de Andrea Vidal a manos de sicarios a inicios de diciembre no solo puso al descubierto la existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso de la República, sino que también evidenció irregularidades en la contratación de personal con poca o nula experiencia en oficinas clave de la institución.
A medida que avanzan las investigaciones, crecen las dudas sobre los filtros aplicados por la Oficina de Recursos Humanos, dirigida por una persona vinculada a Alianza Para el Progreso, en la contratación de Andrea Vidal e Isabel Cajo, dos jóvenes que, según versiones preliminares, habrían formado parte de dicha red.
En el caso de Vidal, se han detectado inconsistencias laborales que podrían haber sido pasadas por alto para facilitar su ingreso al Congreso en 2023. Documentos presentados por IDL Radio revelan que la joven habría trabajado en dos lugares al mismo tiempo.
La situación de Isabel Cajo es más escandalosa, puesto que la joven no registraba el grado de bachiller y percibía una remuneración de más de 7 mil soles. El congresista Edwin Martínez, quien la contrató en su despacho, señaló que no necesitaba título para las funciones que desempeñaba y que si ella no renunciaba, no la habría despedido.
Pero, más allá de la forma en la que dos jóvenes ingresaron al Congreso, nuevos documentos revelan los privilegios que tenían al interior de la Oficina Legal y Constitucional, cuando era dirigida por Jorge Torres Saravia.
Permisos y vacaciones
El 27 de agosto de 2024, cuando aún no cumplía un año en su puesto como técnica de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Isabel Cajo solicitó un adelanto de vacaciones por cuatro días, del 9 al 12 de septiembre. La autorización fue aprobada por Jorge Luis Torres Saravia, hombre cercano a Alianza Para el Progreso (APP), el partido liderado por César Acuña.
Sin embargo, su registro migratorio revela una contradicción: Cajo había salido del país antes de la fecha autorizada, específicamente el viernes 6 de septiembre, con destino a Chile. Es decir, ese día estuvo ausente en su centro de trabajo. En los documentos a los que accedió Perú 21 no se explica el motivo de su inasistencia.
El caso de Andrea Vidal presenta similitudes con el de su amiga. El 3 de septiembre de 2024, Vidal solicitó un adelanto de vacaciones por tres días, del 4 al 6 de septiembre. La autorización, que también lleva la firma de Jorge Luis Torres Saravia, genera dudas, pues su movimiento migratorio revela que ya había salido del país un día antes, el mismo 3 de septiembre, con destino a Colombia. Además, Vidal no cumplía un año en el cargo cuando pidió el adelanto de vacaciones, ya que había ingresado a laborar en octubre de 2023.
Otro aspecto que resalta entre los excesivos privilegios otorgados a Andrea Vidal por Jorge Torres son sus prolongadas ausencias, un hecho que ya había sido advertido por otros empleados del área. Además, sus funciones dentro del despacho eran un completo misterio.
“Andrea no tenía una función específica. A muchos empezó a incomodarles porque no realizaba tareas concretas. Se planchaba el pelo, le tomaban fotos dormida, faltaba con frecuencia o salía repetidamente del Congreso en horario laboral”, reveló un testimonio recogido por H13.
Si bien este testimonio podría interpretarse como un rumor malintencionado de parte de sus colegas —como insinuó Alexandra Gil, otra de las jóvenes implicadas—, una multa de tránsito impuesta al vehículo de Andrea Vidal reforzaría esta versión. Según el documento, la infracción se registró el viernes 23 de agosto de 2024 al mediodía en la Av. Canadá, es decir, en pleno horario laboral.
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