Poder Judicial advirtió que el Congreso pone en riesgo la lucha contra la corrupción con reforma sobre extinción de dominio

El Poder Judicial expresó su preocupación por un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca modificar la normativa sobre extinción de dominio, herramienta clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. A través de un oficio enviado al Parlamento, la institución advirtió que la propuesta desvirtúa esta figura jurídica y podría poner al país en una situación de incumplimiento de acuerdos internacionales.

El Proyecto de Ley N.º 3577/2022-CR, aprobado en primera votación, introduce un plazo de prescripción de cinco años para la extinción de dominio, es decir, el tiempo límite en el que el Estado puede recuperar bienes obtenidos ilícitamente. Así, el Poder Judicial consideró que esta reducción del plazo afectaría la efectividad del proceso, dificultando la recuperación de activos vinculados a delitos como narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal y trata de personas.

Según el documento remitido al Congreso, la propuesta genera incertidumbre, ya que en muchos casos los bienes ilegales no están vinculados a una sola persona o delito, sino a redes complejas de criminalidad. “Resulta cuestionable el plazo propuesto, que es excesivamente corto para lograr algún resultado”, señala el oficio.

Impacto en la lucha contra la corrupción

El Poder Judicial también alertó que, de aprobarse esta reforma en segunda votación, el Perú podría incumplir compromisos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo intergubernamental que combate el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El Estado peruano ha alcanzado estándares mínimos de eficiencia en la lucha contra estos delitos, lo que ha permitido que el país sea considerado seguro y confiable para la inversión privada e internacional. La posible aprobación de esta norma podría afectar esa clasificación, reduciendo la confianza en el Perú como destino de inversión y debilitando su posición en el comercio internacional.

En los últimos cinco años, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio ha logrado recuperar aproximadamente 160 millones de dólares en bienes de origen ilícito. Solo en 2023, este mecanismo permitió la incautación de más de 71 millones de dólares en inmuebles, dinero en efectivo y otros activos vinculados a delitos graves. Además, en el mismo periodo, el Poder Judicial dictó un total de 2,500 sentencias en primera y segunda instancia dentro de este sistema.

Estos resultados reflejan la importancia de la extinción de dominio como una herramienta efectiva contra el crimen organizado. Sin embargo, la propuesta del Congreso podría comprometer su efectividad, limitando la capacidad del Estado para despojar de sus bienes a quienes obtuvieron ganancias ilegales.

Ministerio Público se pronunció en la misma línea

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió un pronunciamiento el martes 18 de febrero, alertando a la población sobre las graves amenazas que enfrenta la lucha contra la corrupción y la delincuencia en el país. En su intervención, la titular del Ministerio Público señaló directamente al Congreso de la República como responsable de entorpecer el trabajo de la Fiscalía, acusándolo de propiciar medidas que buscan frenar los avances en la investigación y persecución del delito.

Espinoza manifestó su preocupación por un proyecto de ley en el Congreso que, de ser aprobado, afectaría significativamente la eficacia de la Ley de Extinción de Dominio, herramienta clave para la recuperación de bienes obtenidos ilícitamente.

Según afirmó, esta ley ha permitido al país recuperar hasta el momento más de 560 millones de soles en bienes y dinero. La fiscal advirtió que las modificaciones propuestas incluyen medidas como excluir de la ley los bienes relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos ambientales; exigir una sentencia firme para incautar bienes, lo que favorecería su ocultamiento; y limitar las investigaciones a un plazo de cinco años, posibilitando la prescripción de casos y dejando a los delincuentes con sus beneficios obtenidos ilegalmente.