Ante el sorpresivo anuncio del gobierno de Dina Boluarte de extinguir el Proyecto Especial Legado y transferir sus bienes y presupuesto al Instituto Peruano del Deporte, la Comisión Especial de Seguimiento a la Organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, del Congreso de la República, citó al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, para que explique la decisión del Ejecutivo.
En la sesión, que se llevará a cabo el próximo lunes 17 de febrero, también fueron convocados el ministro de Educación, Morgan Quero y el presidente del IPD, Federico Tong. Sin embargo, pese a la sorpresa e indignación que ha causado esta medida, especialmente entre los deportistas, debido a los múltiples cuestionamientos que enfrenta el IPD, el titular de la PCM adelantó que no se presentaría ante la comisión por un evento ya programado.
Asistencia del ministro Morgan Quero
Tras la escueta respuesta, otro periodista insistió con la citación al Congreso. En esta oportunidad, Adrianzén dijo no saber sobre la citación a Morgan Quero, pero volvió a insistir en que es Federico Tong la persona encargada de dar las explicaciones al ser él quien dirige el IPD.
El ministro Quero debía acudir a la comisión para bridar detalles sobre los fundamentos técnicos, legales y presupuestales de su sector al apoyar esta medida. Sin embargo, su asistencia tampoco está confirmada. Infobae Perú se contactó con un representante del Minedu, quien adelantó que ya tiene la inauguración de un colegio programada para el próximo 17, pero en caso ocurra alguna eventualidad el fin de semana podría asistir.
¿Por qué el cierre del Proyecto Legado es perjudicial para el deporte?
La polémica decisión del Consejo de Ministros involucra un millonario presupuesto. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, este año Legado cuenta con más de 139 millones de soles, mientras que el fondo destinado a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 supera los 369 millones de dólares.
Ahora, todos estos recursos pasarán a manos del Instituto Peruano del Deporte (IPD), una entidad fuertemente cuestionada por la deficiente administración de las sedes bajo su cargo y por las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción. Existen múltiples denuncias sobre el abandono y el deterioro de su infraestructura, especialmente en regiones, lo que genera dudas sobre su capacidad para asumir esta nueva responsabilidad.
Además, el IPD ha sido vinculado en investigaciones fiscales a la presunta organización criminal “Los Waykis en la Sombra”. Según documentos del caso, esta entidad habría sido utilizada para favorecer intereses privados y políticos, lo que pone en entredicho la transparencia y eficiencia de su gestión.
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