“Los más felices” con la salida de USAID de Perú son los mineros y cocaleros ilegales, señala experto

La reciente decisión de la administración del presidente Donald Trump de reducir los fondos y recortar la presencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 130 países, incluido Perú, ha desatado una ola de preocupación en sectores comprometidos con el desarrollo sostenible y la lucha contra la ilegalidad.

El economista y experto en desarrollo alternativo José Iturrios advirtió que esta medida podría tener consecuencias devastadoras para el país, especialmente en la región amazónica, donde USAID ha jugado un papel crucial en la promoción de proyectos de sostenibilidad y en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Iturrios expresó que, en su opinión, la estrategia de la administración Trump, basada en el lema “Estados Unidos primero”, ha relegado la cooperación con el extranjero. “Creo que el planteamiento de Trump de ‘Estados Unidos primero’ pareciera que todo lo que tiene que ver con ayuda externa pasa a segundo plano. Las otras declaraciones son discutibles, no me quiero meter en eso”, señaló este viernes en una entrevista con RPP.

Perú ha recibido cerca de 120 millones de dólares en asistencia exterior durante 2024 y se ubica en el séptimo país que más fondos ha recibido en la región, según datos de ForeignAssistance.gov, la plataforma oficial EE.UU. para la publicación de información sobre la asistencia exterior.

Los sectores que han recibido mayores inversiones incluyen el desarrollo económico, con 41.58 millones de dólares; la asistencia humanitaria, con 35.6 millones; y el soporte de programas, con 23.57 millones. Además, se han destinado 7.33 millones a la democracia, los derechos humanos y la gobernanza, mientras que 3.57 millones se dirigieron a la paz y seguridad. Los recursos restantes se distribuyeron en áreas como salud (3.39 millones), educación y servicios adicionales (2.17 millones) y medio ambiente (178.4 mil dólares).

Según Iturrios, USAID ha desempeñado un rol fundamental en la promoción de la exportación de productos agrícolas peruanos, tales como el cacao, la quinua, sus derivados y el café. “¿Adónde vendemos el cacao y el café? ¿Adónde van nuestras alcachofas, arándanos, espárragos?”, cuestionó el experto.

Asimismo, alertó sobre las consecuencias que podría tener la suspensión de estos fondos en el incremento de áreas dedicadas al cultivo de coca, que se ha expandido en áreas naturales y de comunidades indígenas. “USAID ha estado apoyando un proyecto muy interesante que se llama algo así como control de delitos ambientales, entre ellos la persecución a dirigentes de comunidades que han sido asesinados por mineros ilegales, taladores ilegales, etc.”, afirmó.

Un informe de la organización Global Witness reportó que entre 2012 y 2023 se registraron 58 asesinatos de defensores ambientales en Perú. “Los más felices con que USAID salga de esta zona son los mineros ilegales y (productores) de la coca ilegal. Hoy tenemos 90 mil hectáreas de coca. Antes de que empezara este desbarajuste político teníamos 40,000, más que duplicado. Estamos volviendo a tener los niveles de los noventa”, puntualizó.

“Son los ilegales los que más se alegran de que la presencia de estos grupos organizados y apoyados por fondos de USAID y de otras cooperaciones también, porque en esto estamos todos, va a quedarse sin ese apoyo y, bueno, va a ser el reino de los ilegales”, continuó.

Las oficinas de USAID en Washington fueron cerradas y sus actividades suspendidas el lunes pasado, después de que Elon Musk, encargado de reformar el Estado, anunciara que Trump aceptó desmantelar la agencia. Inicialmente, se trató de una medida temporal de noventa días para reducir el gasto público, reevaluar la eficacia de los programas y prevenir el uso indebido de los fondos.

Sin embargo, esta decisión ha generado incertidumbre sobre el futuro de la agencia, que Musk considera que “ha llegado el momento de que muera”. Fundada en 1963, USAID registra cerca de 10,000 empleados y un presupuesto de 50,000 millones de dólares en 2023.

De momento, un juez federal bloqueó temporalmente el plan de Trump para forzar a miles de empleados a dejar sus puestos. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, justificó los despidos, no solo por eficiencia, sino también como respuesta a un movimiento de “insubordinación” entre los afectados.

Desde Lima, en tanto, la bancada de Renovación Popular presentó una moción para constituir una comisión que investigue a los beneficiarios del financiamiento de USAID desde 2015. La moción también busca esclarecer si los fondos fueron destinados a los objetivos establecidos y si se utilizaron de manera irregular para implementar “agendas político-ideológicas” en contra de la Constitución o “para debilitar las instituciones democráticas del país”.