¿A favor de la educación? Una nueva polémica en el Congreso de la República por la presentación de proyectos de ley que proponen que docentes condenados por violación y terrorismo sigan en el Magisterio. Las propuestas son de las bancadas de izquierda, Perú Libre, Bancada Socialista y Bloque Magisterial.
En concreto, estas iniciativas derogan la Ley N° 32242 y restituyen el artículo 49 de la Ley N° 29944, conocida como Ley de Reforma Magisterial.
¿Pero, qué establecía la ley N° 32242? Esta norma aseguraba la destitución automática del director, profesor, auxiliar o personal administrativo de las instituciones públicas o privadas que tengan una condena privativa de libertad o suspendida. Asimismo, impedía su ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
Esta medida se aplicará de manera automática, sin requerir un proceso administrativo previo, a aquellos docentes implicados en delitos dolosos, abuso sexual, terrorismo, apología del terrorismo y sus modalidades agravadas.
Ahora, los congresistas Flavio Cruz (Perú Libre), Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) señalan en sus textos que esta norma vulnera el derecho al trabajo, debido proceso y la presunción de inocencia. Por lo que proponen su derogación.
Entre los argumentos escritos en la propuesta legislativa, los parlamentarios señalan la importancia del respeto a los derechos humanos de los docentes y el impulso de un entorno educativo más “estable”.
Al respecto, el segundo presidente de la Mesa Directiva e integrante de Perú Libre, Waldemar Cerrón apoyó la propuesta de su bancada comparando la situación con el caso Sodalicio y diciendo que solo los maestros sufren de una persecución judicial.
“Están en desacuerdo con esta forma de perseguir al docente. La ley tendría que ser extensiva a todo profesional a nivel regional. Así como ustedes se indignan, los profesores se indignan cuando ocurren este tipo de cosas. Se está presentando un proyecto, no se está aprobando. (...) Nadie va a querer ser maestro”, señaló el parlamentario.
Caso de abusos en Condorcanqui
El caso de abusos sexuales de docentes a alumnos no es algo nuevo en el Magisterio del Perú. En el 2017, el congresista Alberto de Belaúnde propuso la creación de una comisión que investigue los abusos cometidos por el Sodalicio, pedido que tuvo la oposición en su mayoría de Fuerza Popular. Ante esto, se propuso investigar más denuncias, entre las que se encontraban los casos de abuso sexual de docentes a estudiantes en Condorcanqui, Amazonas.
El informe estuvo listo el 2019, pero el pleno de ese entonces decidió enviarlo al archivo y ahí es donde permanece hasta la actualidad.
El caso volvió a tomar notoriedad en junio de 2024, cuando la prensa extranjera reportó más de 500 denuncias realizadas por el pueblo Awajún, de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, contra profesores involucrados en casos de abuso, acoso sexual y transmisión de VIH contra niñas, niños y adolescentes.
En ese contexto, la Comisión de Educación aprobó el dictamen de la Ley N° 32242, norma que se votó y aprobó por insistencia en el pleno el 11 de enero.
Es más, recientemente, en un esfuerzo por combatir la violencia sexual en las escuelas de Condorcanqui, el Ministerio de Educación (Minedu) ha sancionado a 469 docentes acusados de abuso sexual contra menores. Esta acción forma parte de un conjunto de medidas implementadas para garantizar la seguridad de los estudiantes y erradicar los delitos graves en el ámbito educativo. A nivel nacional, el número total de sanciones asciende a 1.428, incluyendo casos relacionados con terrorismo y otras agresiones graves.
De acuerdo con el reporte del medio, las sanciones en Condorcanqui incluyen la separación preventiva de 139 docentes y la resolución de contrato de otros 10, quienes enfrentan denuncias específicas de abuso sexual infantil. Estas medidas buscan no solo castigar a los responsables, sino también prevenir futuros casos de violencia en las aulas.
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