La Fiscalía anticorrupción del Callao solicitó al Poder Judicial imponer una pena de seis años y cuatro meses de prisión contra siete altos mandos de la Marina de Guerra del Perú por presuntamente permitir y avalar un perjuicio al Estado peruano de más de 3,6 millones de soles, por medio de pagos de doble remuneración y contratos fantasmas por servicios docentes y asesoría en varias dependencias navales.
De acuerdo con La República, en el 2018 se filtró un informe de Inspectoría Naval, donde se ponía en evidencia una serie de irregularidades en cientos de contratos de servicios, firmados entre el 2013 y el 2016, y cuyos proveedores eran en su mayoría marinos en retiro.
A través de adendas, se habría aumentado las remuneraciones, evitando las prohibiciones que planteaba la Ley General de Presupuesto de los años 2013 y 2014. De esta forma, 275 marinos habría tenía un doble ingreso al sumar su pensión y el pago por el servicio, comprometiendo fondos por 19 millones 327 mil 717.67 soles.
Tampoco existiría un registro de que las tareas de capacitación o asesoría se hubieran hecho de forma efectiva, ya que en 289 contratos no se habría hecho un debido control del servicio. Incluso, algunos de los profesores que se habían designado, estaban fuera del país cuando se supone que estaban dictando clases o charlas. En consecuencia, se habría perjudicado el presupuesto naval por 17 millones 303 mil 320.98 soles.
La Inspectoría Naval, según La República, precisó que la dirección de administración de personal de la Marina contrató a 47 personas sin realizar un concurso público CAS, y sin evidenciar que existía la necesidad de hacerlo, ni tampoco conocían que se asistía efectivamente a laborar y cumplir con la prestación de los servicios.
Esto, “conllevó la pérdida de oportunidad de utilizar los recursos presupuestales de manera eficiente y la contratación de 43 personas con pagos simultáneos de remuneración por 3 millones 903 mil 588.40 soles y pensiones por 3 millones 279 mil 047.93 soles”, señalaron.
La acusación penal fue formulada por el fiscal Carlos Meza Fernández, de la fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao. Actualmente, el expediente se encuentra en la etapa de control de acusación en la Corte Superior de Justicia del Callao, solo esperando a que pase a juicio.
Estos son los militares involucrados
El Ministerio Público ha solicitado cárcel por el delito de negociación incompatible con el cargo para las siguientes personas. También se pide que paguen una multa que equivale a 304 días de su remuneración o pensión diaria, además de ser inhabilitados para ejercer cualquier cargo público por los próximos 15 años.
Además del capitán de corbeta Edith Arias Moreno, el capitán de navío Rubén Edmundo Castillo Pulache y el capitán de corbeta Mike Cariapaza Palomino, figuran:
- Vicealmirante Ricardo Alfonso Menéndez Calle, ex comandante general de la Marina
- Contralmirante Héctor Edmundo Riolo de la Oliva, en situación de retiro
- Contralmirante Giancarlo Polar Figari, en situación de retiro
- Contralmirante César del Alamo Carrillo, jefe de la División de Entrenamiento y Doctrina del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la Fiscalía, los principales responsables de este ‘desfalco presupuestal’ serían Riolo de la Oliva y Polar, quienes ocuparon el cargo de director de administración de personal naval en el 2013 en que se hizo el requerimiento, y en el 2014 cuando se ejecutó la ampliación de contratos y se hicieron los pagos.
Los informes de Auditoría, confirmados por la investigación fiscal, sostienen que también se pagaron 275 pagos de doble remuneración por 19,3 millones de soles.
Durante las diligencias, estuvieron involucrados los exjefes de Estado Mayor de la Marina de Guerra entre el 2013 y 2014, Wladimiro Giovannini y Freire y Reynaldo Pizarro Antram.
Menciona el diario que ellos se les acusaba de haber “autorizado la suscripción de las adendas que ampliaron el plazo de los contratos y el incremento remunerativo”.
No obstante, durante el proceso se logró verificar que solo se dedicaban a verificar que exista un marco presupuestal para cubrir la solicitud hecha por el órgano de personal de la Marina, y así cumplir con las necesidades de personal que tenía la institución. Por ello, la fiscalía pidió que se archiven los cargos contra ellos.
¿Qué pruebas presentó la Fiscalía?
El Ministerio Público presentó como prueba de estos supuestos hechos ilícitos los informes de Auditoría Naval y las declaraciones de diferentes oficiales, tanto en situación de actividad, como de retiro. Entre los testigos más importantes se encuentra el excomandante Gregory Paredes Saavedra, quien presentó una denuncia ante la Procuraduría Anticorrupción y la Fiscalía.
También se encuentran Luis Adawi Cáceres, director de la Escuela Naval de la Marina, y oficiales que habrían sido beneficiados con contratos: Francisco Bugarin Núñez, Manuel Carmona Benrasconi, Ricardo Arbocco Liceti, Jaime Cragg, etc.
Los informes de Inspectoría que cita La República mencionan que la dirección de administración de personal contrató a 138 personas para los cargos de ‘asesor docente’ o ‘docente’ y cuatro para trabajos administrativos.
En este caso, acotan que no hubo “documentación que sustente la realización del concurso y que el seleccionado cumplió con los requisitos del perfil, calificaciones, experiencia, capacitación, facultad para contratar con el Estado, declaratoria de suspensión de pensión, entre otros”.
“Durante los años 2014 al 2016, las unidades y 70 dependencias formularon requerimientos para la contratación de personal CAS en su mayoría con un perfil de militar en situación de retiro o pensionista con estudios y/o experiencia en la Marina de Guerra del Perú y en algunos casos señalando el nombre de la persona que se deseaba contratar (...) sin evidencia documentaria que acredite y justifique la necesidad del servicio”, se menciona en los documentos.
Sentencian a marino a tres años de prisión suspendida
En este caso, uno de los testigos, el excomandante Gregory Paredes Saavedra, estuvo involucrado en otra controversia judicial. El 29 de enero del 2024, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones sentenció al capitán de corbeta retirado a una pena de tres años de prisión suspendida.
De acuerdo con la entidad judicial, fue condenado por difamación agravada contra el almirante retirado Carlos Tejada Mera, excomandante general de la Marina de Guerra del Perú, y otras autoridades de la institución.
Paredes acusó a Tejada de estar involucrados en actos de corrupción, luego de no ser ascendido al grado de fragata. La decisión se habría basado en un presunto bajo rendimiento y problemas disciplinarios.
El 11 de agosto de 2023, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima absolvió a Paredes; no obstante, el almirante Carlos Tejada apeló y el caso llegó a la Cuarta Sala Penal de Apelaciones. Es en esta instancia, se decidió revocar la anterior resolución e imponer una condena de tres años de prisión suspendida.
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