La detonación de un explosivo frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo ha provocado la reacción de diversos políticos. Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, lamentó lo ocurrido en su ciudad natal y no dudó en calificar el hecho como un acto terrorista. “Trujillo no puede ser el Ayacucho de los años 80”, recalcó durante su intervención.
Burgos cuestionó “la inoperancia del gobierno central que solo hace el espectáculo de llevar gente a una región tan afectada y golpeada por la inseguridad ciudadana, por el terrorismo urbano”. Este recalcó que el gobierno de Dina Boluarte no ha entendido que los enemigos del Estado están reapareciendo.
El presidente de la Comisión de Fiscalización señaló que a las organizaciones criminales no las motiva una ideología como el marxismo, leninismo, maoismo, sino el dinero. “Son bandas organizadas que tienen mucho dinero y el poder derivado del narcotráfico y de la minería ilegal”, agregó.

Para que responda sobre las acciones del gobierno frente a la ola delincuencial, el representante de Podemos Perú solicitó la presencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para la siguiente sesión ordinaria de su grupo de trabajo que será el viernes 24 de enero.
Calificado como terrorismo
No han sido pocos los congresistas que han utilizado el término terrorismo para referirse al ataque perpetrado la madrugada del 20 de enero frente a la sede del Ministerio Público de Trujillo. El representante de Honor y Democracia, Jorge Montoya, y el no agrupado Carlos Anderson están entre quienes vinculan los ataques con los crímenes que Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru cometían.
Por su parte, Diego Bazán de Renovación Popular señaló que el ataque le recordó lo ocurrido en la calle Tarata de Miraflores en 1992. Este se consideró no de los actos más trágicos y recordados del conflicto interno en el Perú. Perpetrado por Sendero Luminoso, el ataque consistió en la detonación de dos coches bomba que contenían aproximadamente 400 kilos de explosivos.
El ataque provocó la muerte de 25 personas y más de 200 resultaron heridas, además de causar graves daños materiales: edificios derrumbados, vehículos incinerados y calles reducidas a escombros. Las víctimas no fueron seleccionadas de manera específica; el acto tuvo un carácter indiscriminado, dirigido a infundir miedo en la población urbana de Lima. El impacto psicológico fue devastador, no solo por la magnitud de las pérdidas humanas, sino porque evidenció que el conflicto, hasta ese momento concentrado principalmente en zonas rurales, había alcanzado el corazón de la capital peruana.
“Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados”, señaló la Presidencia en un comunicado difundido en X, antes Twitter, más de diez horas después del ataque con explosivo.
Nombre confirmado
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que Jimmy Larry Bazán Valderrama, presunto líder de la organización criminal ‘Los Compadres’, es el autor intelectual del reciente ataque a una sede del Ministerio Público en Trujillo. Bazán Valderrama, quien estaba recluido en el penal de Cajamarca, había amenazado previamente a una fiscal encargada de investigar a su banda.

Durante el allanamiento de su celda, se encontraron celulares, cargadores y anotaciones relacionadas con actividades de extorsión. Como resultado, se ordenó su traslado al penal de máxima seguridad de Challapalca. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que el atentado tenía como objetivo intimidar a la fiscal que gestionaba la ampliación de la prisión preventiva contra ‘Los Compadres’, una organización que opera en La Libertad desde al menos 2017.
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