
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes 21 de enero el informe que propone inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por un período de 10 años para ejercer cualquier función pública. La medida, basada en la disolución del Congreso en el 2019, también incluye sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, quienes enfrentan una propuesta de inhabilitación por cinco años.
Con 16 votos a favor, ninguna oposición y dos abstenciones, el documento será remitido a la Comisión Permanente. Esta instancia deberá decidir si ratifica la propuesta o la archiva. En caso de ser aprobada, el pleno del Parlamento tendrá la última palabra. De prosperar, esta sería la tercera sanción de este tipo impuesta a Vizcarra en los últimos años.
Como se recuerda, dicha medida surge a raíz de denuncias constitucionales presentadas por los legisladores Alejandro Muñante y Patricia Chirinos, quienes acusan a Vizcarra de haber infringido la Constitución al disolver el Congreso en 2019.

¿Por qué fue inhabilitado anteriormente?
La primera inhabilitación en contra del exmandatario se dio en abril de 2021, debido a su implicación en el caso conocido como “VacunaGate”, relacionado con la vacunación irregular contra la COVID-19 de funcionarios públicos. En este caso se optó por imponer dicha sanción por un plazo de 10 años.
Por el uso de dosis adicionales de Sinopharm también fueron inhabilitadas para ejercer cargos públicos las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete.
En diálogo con Perú21, el exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, no solo cuestionó la gestión del exmandatario, sino que continúe realizando una campaña política a sabiendas de estar impedido.
“En este país las autoridades dan un mal ejemplo a la población, no acatan las reglas, ni siquiera tienen un mínimo de autocrítica. Él piensa que su actuación ha sido correcta cuando la población tiene los indicadores más nefastos en salud. La población debe analizar el comportamiento de estas autoridades, parece que no se da cuenta del daño que él ha hecho en salud, para él todo estuvo perfecto cuando la realidad y los indicadores han sido dramáticos en nuestro país, los peores en América Latina y en el mundo”, declaró.

La segunda inhabilitación, esta vez por cinco años, se dio en mayo del 2022. El impedimento se dio por presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes en el marco del llamado caso Obraínsa. Pese a la prohibición de intervenir en la gestión de empresas y asociaciones privadas, el exmandatario no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra cuando integró el gabinete ministerial.
“Puede ser denunciado por falsedad genérica e ideológica”
En declaraciones al medio mencionado, el legislador Edward Málaga consideró que la Fiscalía podría actuar de oficio y denunciarlo por falsedad genérica e ideológica “toda vez que él está engañando a la ciudadanía a fin de hacer su proselitismo”.
“Mentirle al país como lo está haciendo desde su gobierno es algo que puede ser encauzado hacia el Ministerio Público”, indicó y añadió que el Jurado Nacional de Elecciones también podría tomar medidas como lo hizo en el caso de Antauro Humala.
“En su caso fue por atentar con los principios democráticos, en el de Vizcarra podría ser porque a sabiendas de su inhabilitación hace campaña y eso, en caso de salir electo, podría generar un caos en las instituciones y en la democracia”, sentenció.
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