El fin de una era oscura. Después de años de denuncias sin respuesta, el papa Francisco ha ordenado la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, una comunidad católica peruana involucrada en graves acusaciones de abusos sexuales, físicos y psicológicos.
La propia organización confirmó la noticia a través de un comunicado oficial: “El 18 de enero de este año, la página web Infovaticana publicó la noticia de que el Santo Padre había disuelto a nuestra sociedad de vida apostólica. La información central sobre el hecho era cierta, pero contenía varias inexactitudes”.
Aunque el Vaticano aún no ha emitido el decreto que oficializa esta decisión, el comunicado del Sodalicio representa un hito en la lucha de los exsodálites, quienes durante años denunciaron los abusos sistemáticos ocurridos dentro de la organización.
Este anuncio marca el fin de una institución que, durante décadas, respaldada en el poder de sus miembros y los representantes de la Iglesia Católica en el Perú, minimizó los testimonios de los sobrevivientes y encubrió los abusos cometidos.
Ahora, con el fin del Sodalicio, se abre un nuevo capítulo y le toca al Estado peruano asumir su rol para brindar justicia a los denunciantes.
El periodista Pedro Salinas, autor del libro ‘Mitad Monjes, Mitad Soldados’, investigación que reúne los testimonios de exsodálites que revelan los abusos físicos, psicológicos y sexuales de los que fueron víctimas mientras pertenecían a la organización, señaló que aún falta el decreto vaticano que oficializa este “rumor”.
Mediante su video columna semanal, el periodista indicó que el decreto debe determinar si es que solo se disuelve el Sodalicio o esta medida también incluye los otros grupos de la “familia sodálite”, en el que están incluidos, el Movimiento de Vida Cristiana, que depende de otro dicasterio, la Fraternidad Mariana y las Siervas del Plan de Dios.
Es decir, el Vaticano aún va a confirmar si solo el Sodalicio queda disuelto o es “el combo completo”, como dijo Salinas.
El papel del Gobierno
En esa misma línea, José Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos del Sodalicio y de Luis Fernando Figari, su fundador, pidió “estar atentos” al proceso de disolución. Desde Ginebra, Escardó expuso ante la asamblea de la ONU la inacción del Estado peruano frente a esta grave denuncia.
“Hay que traducir todo lo que está pasando en la Iglesia a la justicia civil. Hay que ver que los responsables sean llevados a la justicia civil y asuman su responsabilidad”, indicó Escardó.
La ministra de la Mujer, Teresa Hernández, quien fue interrogada por las medidas que tomó el gobierno ante el caso Sodalicio, respondió que las entidades competentes son el Poder Judicial y el Ministerio Público y que su cartera pedirá el informe de la comisión investigadora del Congreso de la República.
Mediante un tuit, José Enrique Escardó, recordó que la congresista Susel Paredes ya envió este informe al MIMP y hasta el momento no hay una acción concreta de apoyo hacia los denunciantes y sobrevivientes.
Mientras tanto, el fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari continúa en Roma y aún no responde a las autoridades peruanas por las graves denuncias en su contra.
¿Qué es el Sodalicio?
Fundado en 1971 en Perú por Luis Fernando Figari, el Sodalicio de Vida Cristiana es una comunidad católica integrada por laicos y sacerdotes, que llegó a reunir alrededor de 20,000 miembros en América Latina y Estados Unidos. Figari, junto con Germán Doig y otros colaboradores, estableció una organización donde sus integrantes, conocidos como sodálites, viven en comunidades bajo los principios de celibato y obediencia.
La organización ha sido identificada con una ideología profundamente conservadora y estrechos vínculos con grupos católicos de derecha en Perú. “Los sodálites se ven a sí mismos como grandes soldados contra la izquierda”, señaló Pao Ugaz, periodista y coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, que documenta los escándalos de esta comunidad religiosa.
Reconocida oficialmente por el papa Juan Pablo II en 1997, la entidad adquirió gran poder e influencia, estableciendo conexiones con esferas políticas y financieras en Perú, y expandiéndose a 25 países.
Sin embargo, en la última década, las denuncias de abusos sexuales, físicos y psicológicos han puesto al Sodalicio bajo el escrutinio de la fiscalía peruana y el Vaticano. Según las víctimas y críticos de la organización, sus vínculos con el poder han sido clave para que muchas de estas denuncias fueran ignoradas o silenciadas durante años en el país.
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