En 2016, Juan José Canales Durand, actual jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo, adquirió una propiedad en el distrito de Jesús María, en Lima, por un valor de 1,2 millones de dólares, equivalentes en ese momento a casi 4 millones de soles. Según un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder, el dinero utilizado para esta transacción habría sido proporcionado por César Acuña, líder del partido político Alianza Para el Progreso (APP), quien sería el verdadero propietario del inmueble.
De acuerdo con la investigación presentada por el dominical, la vivienda, ubicada en el Jr. Gregorio Escobedo 888, fue inscrita inicialmente a nombre de Canales y su esposa, Tania Ludeña Fernandez. No obstante, en 2018, dos años después de la compra, se formalizó mediante un documento notarial que el verdadero dueño de la propiedad era César Acuña. Este reconocimiento se realizó a través de una minuta en la que Canales y su cónyuge declararon que el dinero para la adquisición provenía del líder político.
Detalles de la transacción y el rol de Canales
En una entrevista telefónica con Cuarto Poder, Canales confirmó que los fondos utilizados para la compra no eran de su propiedad. “No, no, el dinero de don César Acuña”, declaró. Además, explicó que actuó bajo un “contrato de mandato sin representación”, lo que significa que realizó la compra en nombre de Acuña, pero sin que este último figurara directamente en la transacción inicial.
El pago de la vivienda se efectuó mediante cheques de gerencia, según detalló el reportaje. Sin embargo, el motivo por el cual Acuña no realizó la compra directamente generó interrogantes. Ante esta cuestión, Canales respondió no tener conocimiento. Más adelante, ofreció una posible explicación, señalando que los antiguos propietarios del inmueble no deseaban venderle directamente a César Acuña debido a su vinculación con el partido APP.
En el año en que el jefe del gabinete de la Defensoría compró la propiedad, Acuña se encontraba en medio de la campaña presidencial, una campaña de la que fue excluido por entregar dádivas a los electores.
Contratos con el gore La Libertad
Juan Canales, además de ser señalado como un hombre de confianza de César Acuña, ha sido beneficiado con contratos significativos en el gobierno regional de La Libertad, administrado por APP. Según el reporte, entre 2017 y 2018, Canales obtuvo contratos por servicios de abogado que sumaron más de 240.000 soles. Este vínculo financiero ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el uso de recursos públicos para favorecer a personas cercanas al líder político.
Canales negó ser un testaferro de Acuña y aseguró que actuó bajo un contrato de representación otorgado por el líder de APP. Según su versión, Acuña le encargó la compra del inmueble debido a que los propietarios originales, tres personas mayores, se negaban a vender directamente al político. Canales argumentó que los antiguos dueños tenían reservas hacia APP debido a las actividades políticas que se realizaban en la base principal de la agrupación, ubicada cerca de la propiedad. “Aparte pedían un montón de cosas, el señor Acuña es una persona ocupada, por eso me encargó”, justificó Canales.
Investigaciones por lavado de activos y vínculos con actividades ilícitas
El caso de la adquisición del inmueble no es el único problema legal que enfrenta Luis Canales. Según el medio, actualmente está siendo investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Además, enfrenta un proceso de destitución y ha sido vinculado con una banda criminal que, de manera ilegal, trasladaba a menores de edad al extranjero. Estas acusaciones han intensificado el escrutinio sobre su relación con César Acuña y su papel dentro de APP.
La combinación de estas investigaciones y los contratos obtenidos por Canales en el gobierno regional de La Libertad plantea interrogantes sobre la transparencia en las operaciones financieras y políticas de APP. Aunque Canales ha negado cualquier irregularidad, las autoridades continúan indagando en los detalles de estas transacciones y en su posible conexión con actividades ilícitas.
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