El expresidente Pedro Castillo podría ser inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos. El congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, presentó una denuncia constitucional acusándolo de haber cometido una grave infracción a la Constitución en el contexto del fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
La denuncia también incluye a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio, quienes acompañaron a Castillo durante los hechos.
“Tal como lo hice contra el golpe de Estado de Vizcarra, he presentado una denuncia constitucional por infracción a la Constitución (juicio político) contra el expresidente Pedro Castillo y sus ministros Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio, a fin de que sean inhabilitados por diez años para ejercer cualquier cargo público”, publicó Muñante en su cuenta de X.
El parlamentario subrayó que, aunque Pedro Castillo y otros implicados se encuentran bajo prisión preventiva por presuntos delitos como rebelión, esta medida no los excluye de participar en futuras elecciones, una situación que calificó como peligrosa para el sistema democrático.
Muñante también recordó que el Tribunal Constitucional confirmó que el mensaje a la Nación pronunciado por Castillo el 7 de diciembre de 2022 fue, sin lugar a dudas, un intento de golpe de Estado y no “una mera proclama”. Además, señaló que el máximo órgano constitucional ha validado las medidas adoptadas por el Congreso y exhortó a las autoridades a identificar y sancionar a los responsables de estos actos que atentaron contra la institucionalidad.
Acusan a Pedro Castillo y su gabinete de infracciones constitucionales
De acuerdo con la denuncia constitucional presentada por Alejandro Muñante, el expresidente Pedro Castillo Terrones habría actuado de manera deliberada y sistemática para socavar el orden democrático desde el comienzo de su gobierno.
“El quebrantamiento del orden constitucional, a través de la comisión de infracciones constitucionales, ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional, calificándolo como la instauración de un gobierno de facto, una orden presidencial y la comisión de infracciones constitucionales”, detalla el documento.
La acusación también solicita la inhabilitación por 10 años de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, y de los exministros Willy Huerta (Interior), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Emilio Bobbio (Defensa), a quienes se les atribuye responsabilidad en los mismos hechos.
Además, se les acusa de haber infringido diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 2, 38, 39, 45, 46, 51, 90, 93 y 102. El caso será evaluado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
SAC aprobó denuncias contra Castillo, Vizcarra y otros
En la víspera, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la congresista María Acuña Peralta (APP), dio luz verde a tres informes de calificación que declararon procedentes las denuncias presentadas contra los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, el exministro de Salud Víctor Zamora, y la excongresista Luciana León.
La denuncia contra Pedro Castillo fue admitida con 8 votos a favor. El exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena presentó la acusación, en la que se investiga al expresidente por el presunto delito de peculado de uso (artículo 388 del Código Penal). Se le imputa el uso indebido de aeronaves de la Fuerza Aérea y del Ejército para trasladar a familiares y allegados a Cajamarca con fines privados.
Respecto a Vizcarra y Zamora, la denuncia fue aprobada por unanimidad con 16 votos. El congresista Edward Málaga (Avanza País) los acusa de presuntas infracciones al artículo 2 de la Constitución, así como de delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, conforme a los artículos 428 y 438 del Código Penal.
Por último, con 15 votos a favor, se declaró procedente la denuncia contra Luciana León, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La excongresista está acusada de tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal) durante su gestión parlamentaria.
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