A tres años del derrame de petróleo de Repsol en el mar de Ventanilla, que impactó gravemente a comunidades pesqueras y zonas costeras del Callao, los pescadores artesanales continúan exigiendo justicia. Según denunció Luis Díaz, representante de este sector, miles de afectados aún no han recibido una indemnización debido a irregularidades en el empadronamiento realizado tras el desastre ambiental.
Irregularidades en el empadronamiento
Luis Díaz señaló que, pese a los esfuerzos iniciales, solo 10,500 personas fueron identificadas como afectadas y recibieron algún tipo de reparación económica. Sin embargo, destacó que el trabajo realizado por las autoridades fue insuficiente, dejando fuera a más de 28,000 personas que protestaron para ser incluidas en el registro.
“Desde que ocurrió este derrame, el Gobierno intentó empadronar, pero hubo un mal trabajo. Esto permitió que muchos afectados quedaran fuera de las listas y no recibieran ninguna indemnización. Además, las municipalidades encargadas de esta tarea incurrieron en prácticas corruptas, priorizando a personas cercanas a sus círculos en lugar de atender a los verdaderos damnificados”, afirmó Díaz en declaraciones a RPP Noticias.
El representante ejemplificó lo ocurrido en el distrito de Aucallama, donde el empadronamiento fue, según sus palabras, “superficial y poco transparente”. Señaló que los responsables apenas visitaron la zona afectada y dieron prioridad a “los amigos de los amigos”, dejando a los verdaderos damnificados sin registrar.
Reparación ambiental y falta de acción
Además de las fallas en el proceso de registro y compensación, Díaz expresó su preocupación por la ausencia de medidas para rehabilitar el ecosistema marino dañado. Según denunció, la empresa responsable aún no ha presentado ni implementado un plan de rehabilitación ambiental, mientras el Gobierno no ejerce la presión necesaria para garantizar esta acción.
“El mar sigue contaminado, no hay un plan de rehabilitación y el daño sigue presente. Ha habido malas negociaciones y contratos, lo que afecta tanto a las personas como al medio ambiente”, señaló.
Un llamado a la acción
A pesar de las promesas iniciales, los afectados por el derrame de petróleo enfrentan no solo el impacto ambiental y económico, sino también la frustración de un proceso plagado de corrupción y negligencia. Los pescadores y sus familias exigen que se transparente el proceso de empadronamiento y se atienda de manera efectiva tanto la reparación económica como la recuperación ambiental del área afectada.
Mientras tanto, la espera continúa para miles de peruanos cuya principal fuente de sustento y vida quedó devastada hace tres años.
Repsol respondió
A través de un comunicado, la entidad señaló que, a tres años del desastre ambiental, destinó más de 1.000 millones de soles en las labores de limpieza, remediación y compensación social.
“La Compañía cumplió con su compromiso de compensar a las personas incluidas en el Padrón Único de Afectados, elaborado por el Gobierno Peruano. Más de 10.500 personas han recibido sus compensaciones. A los pescadores afectados se les ha abonado un promedio superior a los 100 mil soles y se financió la reparación de sus embarcaciones y compra de equipos de pesca”, indicó a través del escrito.
En esa línea, indicó que “el mar de las playas cumple con los estándares de calidad ambiental nacional e internacional, por lo que está apto para cualquier actividad productiva y recreacional”.
Más de 12 mil barriles al mar
El 15 de enero de 2022, ocurrió un desastre ambiental de gran magnitud en el mar de Ventanilla, Perú, cuando aproximadamente 12 mil barriles de petróleo se derramaron en las cercanías de una estación perteneciente a la Refinería La Pampilla (Relapasa). Este incidente no solo devastó la biodiversidad marina en la zona, sino que también afectó profundamente la calidad de vida de miles de personas que dependen directamente de actividades económicas relacionadas con el mar, como la pesca y el comercio.
Desde el momento del derrame, el evento estuvo marcado por declaraciones contradictorias y una respuesta inicial polémica por parte de la empresa responsable. Un representante de Relapasa intentó minimizar la gravedad de la situación, sugiriendo que solo había sido un derrame menor de menos de un barril. Sin embargo, horas después, el Ministerio del Ambiente (Minam) desmintió esta versión y confirmó que el derrame ascendía a al menos 12 000 barriles, una cifra alarmante que reflejaba la magnitud del daño.
La contaminación generada por el petróleo tuvo un impacto devastador en el ecosistema marino, afectando también las actividades económicas de las comunidades locales, especialmente pescadores y comerciantes. Muchas de estas personas, con sus ingresos severamente perjudicados, continúan exigiendo hasta el día de hoy una reparación económica por parte de la empresa responsable.
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