El coronel Harvey Colchado, quien desde enero dejó de ser parte de la PNP, se pronunció por primera vez en redes sociales y acusó al Ministro del Interior, Juan José Santiváñez de favorecer a los delincuentes y a la impunidad por observar la ley que restituye la detención preliminar.
Mediante su nueva cuenta de X, Colchado recordó la importancia de esta medida en la lucha contra la criminalidad y arremetió contra la decisión del gobierno de Dina Boluarte por dejar sin respaldo a la Policía Nacional del Perú.
“La detención preliminar es una herramienta indispensable y determinante para la neutralización de elementos criminales. En la cadena de valor de la investigación criminal, la detención en flagrancia o de carácter preliminar es una acción clave para desarraigar a los malos elementos del tejido social y salvaguardar temporalmente a la sociedad”, inicia su comunicado.
Según explicó, este mecanismo permite que los detenidos sean puestos a disposición de la justicia mientras se recopilan más pruebas determinantes para establecer su responsabilidad en los hechos investigados. “Quienes hemos enfrentado la criminalidad directamente durante más de dos décadas entendemos la importancia de esta medida, que no solo protege a la sociedad, sino que también fortalece las investigaciones, en contraste con quienes prefieren analizar la delincuencia desde otras instancias jurídicas”, señaló.
En ese sentido, criticó la postura del ministro de Interior, a quien acusó de construir su carrera “desbaratando la teoría del fiscal y del policía investigador y permitir que “el delincuente violento, el extorsionador o el criminal permanezca libre”.
“Hoy, en su rol ministerial, manifiesta lo que mejor sabe hacer: garantizar impunidad para quienes atentan contra la paz social. Al cuestionar una herramienta tan determinante para los persecutores del crimen, no solo deja sin respaldo a los policías, sino que debilita una de las bases fundamentales de la lucha contra la delincuencia, finaliza el pronunciamiento del coronel.
Controversia por la detención preliminar
El Ejecutivo esperó hasta el último día del plazo para observar la ley que restituye la detención preliminar en casos de flagrancia. Ahora, el Congreso deberá decidir entre corregirla o aprobarla por insistencia, pero para ello se requiere primero la recolección de 78 firmas para convocar a un pleno.
Mientras este proceso se prolonga, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, tal como advirtió el coronel Harvey Colchado, no pueden continuar con su labor, lo que obliga a liberar a los delincuentes detenidos. Este vacío ya tuvo consecuencias, como ocurrió con los efectivos policiales investigados por pertenecer a la organización criminal “Las Hienas Verdes”, quienes quedaron en libertad.
Cuando el Congreso aprobó inicialmente esta polémica norma, diversos expertos la cuestionaron. Ante las críticas y al percatarse de lo que algunos calificaron como un “error”, los parlamentarios aprobaron en una votación exprés la restitución de la detención preliminar, apenas días antes del cierre de la legislatura.
El pasado 16 de diciembre, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que la norma ya había sido remitida al Ejecutivo, y solo se esperaba su promulgación. Sin embargo, la respuesta del gobierno se retrasó hasta el lunes 13 de enero, cuando finalmente se conoció que la ley había sido observada.
Explicaciones desde la PCM
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó que la decisión de observar la norma fue comunicada al Congreso solo unas horas antes de que venciera el plazo. “Se acaba de enviar al Congreso hace un par de horas y la ley ha sido observada”, declaró durante un evento público.
Al ser consultado sobre los detalles específicos de las observaciones, el titular de la PCM admitió no recordar el contenido exacto. “No tengo el detalle ahora mismo, no lo recuerdo, mal haría en declararlo. Pero la observación seguramente se hará pública en breve, ya se produjo”, señaló.
Según explicó Adrianzén, el retraso en la respuesta se debió al análisis técnico realizado por los equipos especializados encargados de evaluar la propuesta legislativa. “Los días que nos hemos tardado han sido los días en que los equipos técnicos han demorado para hacer el análisis respectivo”, afirmó, justificando así el tiempo transcurrido antes de tomar una decisión.
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