El pasado 10 de enero marcó el fin del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, medida que había sido implementada con el objetivo de combatir el sicariato, la extorsión y otros delitos graves. En medio de las críticas, el gobierno peruano decidió no renovar esta medida y comunicó que, en su lugar, apostará por el Plan Celador, una iniciativa aprobada recientemente por el Congreso de la República que busca reforzar la seguridad ciudadana mediante la incorporación de 8,000 policías adicionales en las calles.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, explicó que este plan permitirá al gobierno adquirir los días de descanso y vacaciones del personal policial, lo que incrementará la presencia de estos en los puntos más críticos de la capital.
La estrategia fue presentada como una solución alternativa tras las críticas recibidas hacia el estado de emergencia, al cual diversos sectores calificaron como “ineficaz”.
La transición hacia el plan
El estado de emergencia, declarado inicialmente en noviembre de 2024 y prorrogado por 45 días hasta el 10 de enero, afectaba a los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla (Callao).
Durante este período, las Fuerzas Armadas colaboraron con la Policía Nacional para intensificar los patrullajes y garantizar la seguridad, aunque los resultados dejaron insatisfechos a varios sectores. Vecinos de distritos como Villa El Salvador denunciaron que la medida fue insuficiente y señalaron que el sicariato y los robos no mostraron una disminución perceptible.
El alcalde de Comas, Ulises Villegas, fue especialmente crítico y calificó la medida como un “engaño”. En declaraciones a Panamericana, cuestionó tanto la falta de coordinación entre las autoridades como las condiciones precarias en las que opera la policía.
En contraste, alcaldes como Jesús Maldonado, de San Juan de Lurigancho, mostraron apoyo a la continuidad del estado de emergencia y argumentaron que la medida permitió la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas clave. “Si esta medida garantiza más patrullajes, nosotros la respaldamos”, indicó.
Objetivos y mecanismos del plan
Con la implementación del Plan Celador, el gobierno busca superar las limitaciones evidenciadas durante el estado de emergencia. Según el ministro Santiváñez, este plan no solo incrementará el número de agentes disponibles, sino que también estará acompañado por una asignación presupuestaria especial para fortalecer la logística de la PNP.
Las horas adquiridas del personal policial estarán enfocadas principalmente en combatir delitos como el sicariato y la extorsión, considerados como las principales amenazas a la seguridad ciudadana.
El plan fue presentado al Congreso junto con un proyecto de ley que permitiría a los gobiernos locales contratar directamente a agentes policiales durante su tiempo libre, con pagos realizados a través del Banco de la Nación. Este esquema, según el gobierno peruano, promoverá una mayor articulación entre las autoridades locales y las fuerzas del orden.
Además, se anunció la convocatoria de mil nuevos choferes para conducir los patrulleros, con el objetivo de que los policías se dediquen exclusivamente a la persecución de los delincuentes.
Por otra parte, el Mininter ya inició un proceso de modernización del equipamiento policial, que incluye la adquisición de pistolas, fusiles y chalecos antibalas. “Estamos dotando a nuestra policía de la logística necesaria para enfrentar la criminalidad con mayor eficacia”, aseguró Santiváñez.
Genera interrogantes
A pesar del optimismo del gobierno, el plan Celador ya generó interrogantes sobre su sostenibilidad y capacidad para reducir los índices de criminalidad. Algunos analistas cuestionaro si la compra de días de descanso y vacaciones será suficiente para contrarrestar el problema estructural de la inseguridad.
La ola delincuencial es un gran reto para el gobierno este 2025. Las cifras en la región Lima alcanzaron a finales del 2024 el 81 % de percepción de inseguridad, según el ‘Barómetro de Seguridad’ y datos de Ipsos. En tanto, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta el 30 de noviembre del año pasado se registraron 1.829 homicidios en todo el país.
De otro lado, el ministro ya reconoció que la lucha contra la corrupción dentro de la institución policial también es una prioridad. Santiváñez reiteró su compromiso de sancionar a los efectivos involucrados en actos de corrupción y respaldó un proyecto legislativo que propone una renovación extraordinaria en la PNP, permitiendo el retiro inmediato de aquellos implicados en conductas ilícitas.
Mientras tanto, los ciudadanos esperan que esta nueva estrategia pueda marcar una diferencia tangible en los niveles de seguridad. El éxito del Plan Celador dependerá no solo de su implementación operativa, sino también de la capacidad del gobierno para responder a las demandas de una población que exige soluciones efectivas frente a la delincuencia.
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