El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación anticipada del general (r) Nicolás Hermoza Ríos, tras declarar fundado en parte un recurso de habeas corpus. La decisión se basa en que Hermoza Ríos, diagnosticado con demencia senil desde 2015, no puede cumplir con el propósito de una pena: la resocialización.
Los magistrados argumentaron que su enfermedad, de carácter irreversible, destruye las funciones mentales necesarias para dicho proceso. Asimismo, señalaron que su encarcelamiento prolongado atenta contra su dignidad humana.
No obstante, el TC aclaró que esta sentencia no anula las condenas ni lo exime del pago de la reparación civil pendiente. La medida tiene como único objetivo disponer su libertad, respetando los principios humanitarios.
“En este orden de ideas, este Colegiado considera que mantener privado de su libertad al beneficiario, quien no tiene razón de la realidad por padecer de múltiples problemas de salud (demencia senil, enfermedad de Parkinson, etc.), constituye una afectación de su derecho a la dignidad, pues no tiene sentido alguno el cumplimiento de una condena cuando el sentenciado ni siquiera es consciente de ello. Mantenerlo privado de su libertad en esas condiciones implica desconocer su dignidad como ser humano y cosificarlo con el ánimo de hacerlo cumplir una condena que no logrará su finalidad, como se verá luego”, señala la resolución.
Del poder militar a la cárcel por crímenes
Como general del Ejército del Perú, fue una de las figuras más poderosas durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000). Como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desempeñó un rol clave en la lucha contra el terrorismo, consolidando una imagen de autoridad militar inquebrantable. Sin embargo, su caída reveló una compleja red de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Durante su gestión, Hermoza Ríos lideró las acciones militares contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Bajo su mando, se fortaleció el poder de las Fuerzas Armadas, que operaron con amplias libertades y en muchos casos, bajo un manto de impunidad.
Sin embargo, Hermoza también tuvo un rol protagónico en el autogolpe de 1992, respaldando a Fujimori en la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. No obstante, este poder militar tuvo un alto costo, marcado por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos, como los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
La caída de Hermoza comenzó tras el colapso del régimen fujimorista en el año 2000. Investigaciones posteriores revelaron que había acumulado una fortuna ilícita. En 2005, fue condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito, tras demostrarse que desvió millonarios fondos del Estado hacia cuentas personales y adquirió lujosas propiedades.
A esta condena se sumaron otros procesos judiciales. En 2010, Hermoza recibió una sentencia de 25 años de prisión por su implicación en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, considerados graves violaciones de derechos humanos. El tribunal concluyó que, como jefe militar, tuvo responsabilidad directa en las operaciones del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que operó bajo órdenes del régimen.
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