Un total de 24 ciudadanos extranjeros, procedentes de Pakistán, Somalia, Seychelles, Etiopía y Venezuela, fueron expulsados de Perú por encontrarse en situación migratoria irregular. Esta medida contundente fue ejecutada gracias a un conjunto operativo entre la Unidad de Seguridad del Estado (USEG) de la Región Policial Piura y la Superintendencia Nacional de Migraciones. Los migrantes fueron trasladados al Puente Internacional Alamor, ubicado en la provincia de Sullana, en la frontera con Ecuador, para proceder con su deportación definitiva. “Esta acción se realizó en cumplimiento de la Ley n.° 32192″, destacó la agencia Andina.
La Ley n.° 32192 establece que los extranjeros que no cumplan con los procedimientos de control migratorio o no se identifiquen ante las autoridades deben ser expulsados del país. Además, esta legislación contempla la implementación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), un mecanismo diseñado para agilizar los procesos de deportación. Andina señala: “A los expulsados también se les impone un impedimento de ingreso al país por 15 años”.
En el operativo, las autoridades de seguridad trabajaron estrechamente con Migraciones para garantizar el cumplimiento estricto de las normativas legales y de los derechos humanos. Este procedimiento no solo refuerza la política migratoria del país, sino también la seguridad interna. Un representante policial involucrado en el operativo, citado por la agencia Andina, explicó que estas medidas son una respuesta directa a las políticas nacionales de control fronterizo: “El objetivo es asegurar que el ingreso al país se realice de forma ordenada y dentro del marco legal.”
El puente fronterizo Alamor, en el distrito de Lancones, fue el punto final de traslado para los ciudadanos extranjeros. Según información de Andina, este lugar ha sido clave en garantizar procesos de salida eficientes en anteriores operativos migratorios. Además, la legislación aplicable subraya que los procedimientos de deportación buscan priorizar la legalidad y agilidad.
En términos migratorios, este es uno de los operativos más recientes en el marco de la Ley n.° 32192, que entró en vigor con la intención de reforzar la política migratoria peruana frente a la creciente migración irregular. De acuerdo con la misma fuente, “la intervención se ejecutó en cumplimiento de la Ley N° 32192, que determina la expulsión de extranjeros que no se identifiquen ante las autoridades o ingresen al país sin realizar el control migratorio”.
Otros países, especialmente aquellos con crisis migratorias en agosto, han adoptado políticas similares en un intento de controlar la llegada irregular de ciudadanos extranjeros a su territorio. En Perú, estas medidas han generado diversas opiniones entre la población y los expertos, pero las autoridades han defendido su postura argumentando que se trata de garantizar la seguridad y el orden público.
En conclusión, esta acción en la región de Piura refleja los esfuerzos del estado peruano por reforzar el cumplimiento de sus regulaciones migratorias y proteger el acceso legal y controlado al territorio nacional. “Según esta norma, el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional permite agilizar la salida de migrantes en situación irregular”, recalca Andina.
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