La nueva Ley Agraria impulsada por el Congreso de la República favorece el tráfico de tierras, pues permite a quienes hayan invadido terrenos eriazos del Estado, hasta diciembre del año pasado, prescribirlos a su nombre o adquirirlos al 30% del valor arancelario. Esta disposición facilita la legalización de invasiones, beneficiando a grupos que históricamente se dedican a la ocupación ilegal.
El artículo sexto de la mencionada norma, referido a la Regularizacion de derechos posesorios en predios de propiedad del Estado, predice que los poseedores de un predio rústico de propiedad pública, destinado íntegramente a la actividad agropecuaria, y que se encuentren en posesión en forma pública, pacífica y continua, “podrán regularizar su situación jurídica ante el gobierno regional correspondiente, siempre que la posesión se hubiera iniciado hasta el 31 de diciembre de 2023″.
En el caso de los poseedores de tierras eriazas habilitadas de propiedad del Estado, destinadas íntegramente a la actividad agropecuaria, los poseedores podrán regularizar su situación jurídica mediante el procedimiento de adjudicación directa, a través de las siguientes modalidades:
- Si el adjudicatario es un pequeño productor agrario o forma asociativa inscritos en el Registro de Pequeños Productores Agrarios y sus Formas Asociativas, realizará el previo pago de la tercera parte del valor arancelario del terreno.
- Si el adjudicatario no es un pequeño productor agrario o forma asociativa inscritos en el referido registro, deberá realizar el previo pago del valor arancelario del terreno, siempre que dicha posesión se hubiera iniciado hasta el 31 de diciembre de 2023.
El problema de las invasiones de terrenos no es nuevo en el país. En áreas destinadas a proyectos especiales de irrigación, como Chinecas y Majes, se han registrado múltiples casos de ocupaciones ilegales.
Estas invasiones, en muchos casos, han contado con la complicidad de funcionarios regionales corruptos. Un ejemplo de ello fue el hallazgo de una lista de lotes distribuidos entre allegados de un exgobernador, lo que evidencia la corrupción en la administración de tierras.
El Congreso, el tráfico de terrenos y la Ley Chlimper 2.0
El director de Videnza Consultores, Milton Von Hesse, asegura que la modificación propuesta por la Comisión Agraria representa un retroceso en la lucha contra las mafias de terrenos.
Para el también exministro de Agricultura, la posibilidad de adquirir tierras a precios irrisorios podría incentivar nuevas invasiones, afectando proyectos de desarrollo agrícola y la seguridad jurídica de la propiedad estatal.
Esto ya había sido cerrado en la última la última actualización que se hizo. La ley disponía que solamente se iban a validar las apropiaciones hechas hasta el 2010, pero ahora la fecha se vuelve a extender hasta 2023, explica Von Hesse.
“O sea que, si tú invadiste en este periodo de tiempo y dices que fue con fines agrícolas, entonces el Estado tiene dos opciones: la primera, si tú estás cinco años ahí, te valido la tierra y te la doy, te la regalo. Pero también te la puedo vender a al tercio del valor arancelario, un valor que se establece con fines de pago de árbitros, prácticamente cero”, destaca el experto de Videnza.
El modus operandi de estas mafias es colocar algún tipo de sembrío y mantenerlo como terreno de cultivo hasta que la propiedad pasa a ser particular. Una vez en este fuero, nada lo detiene hasta hacer el cambio de zonificación y urbanizarla con cero planificación urbana.
El Congreso cierne el tráfico de terrenos sobre Majes y Chinecas
El dictamen de los proyectos de ley 2421/2021-CR, 3785/2022-CR, 3954/2022-CR, 5500/2022-CR, 5861/2023-CR, 7149/2023-CR y 8924/2024-CR, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna, asegura que no se considerarán para el beneficio aquellas tierras inmersas en procesos para fomentar la inversión privada.
Sin embargo, Von Hesse aclara que existen otros terrenos -sobre todo en la costa- que podrían verse negativamente alcanzados por la nueva ventana de legalización de los traficantes en el Perú.
“Por ejemplo, Chinecas ha sido un proyecto especial que costó mucha plata y cuya idea era terminarlo para luego subastar las tierras. Con esta ley ya no, pues se premiará a los que ya están ahí adentro, a los que ya invadieron, y eso está mal, pues el Estado no debería validar conductas ilícitas”, recalca el exministro.
Otro es el caso de Majes, que tampoco se vería afectada por esta nueva Ley Agraria -también conocida como Ley Chlimper 2.0- porque tiene un contrato de por medio. Sin embargo, el proyecto arequipeño todavía mantiene un arbitraje pendiente ante el CIADI con Cobra.
“Lo más probable es que, en algún momento, se termine rompiendo el vínculo entre el concesionario y el Estado y en ese momento también se puede retirar del proceso de inversión privada y decir ‘bueno, hagámoslo como antes, a la antigua’, que era repartir parcelitas chiquitas a todo el mundo y jugamos a ser generosos con con el patrimonio público”, sentencia.
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