Transportistas evalúan acatar un nuevo paro en Lima y regiones durante tres días de diciembre

La convocatoria a un nuevo paro en Lima y regiones, para el próximo 10, 11 y 12 de diciembre, viene siendo evaluado por la Alianza Nacional de Transportistas y otros gremios del sector, como respuesta a la incesante ola de extorsiones que los afecta. Julio Campos, vicepresidente de la organización, anunció que el próximo 27 de noviembre se realizará una reunión a nivel nacional para definir la fecha de la medida de fuerza.

“No podemos seguir en esta ola de sicariato y extorsiones. Vamos a hacer una nueva jornada (de paralización), porque realmente estamos cansados de este gobierno que no hace nada. Posiblemente, pueda ser el día 10, 11 o 12 de diciembre”, señaló Campos a RPP.

La protesta se daría en medio de una creciente preocupación por la ola de violencia que azota a las provincias de Lima, Callao y el interior del país, lo que desestabiliza de manera significativa al transporte público.

En ese sentido, el dirigente también pidió la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el asesinato de Gustavo Christian Salazar Yachachin, conductor de la empresa ‘El Rápido’, correspondiente a la línea 8105.

Campos recordó que el funcionario había prometido dejar el cargo si no obtenía resultados con las estrategias implementadas para combatir la extorsión. Una de estas fue el estado de emergencia, pero que —según expertos— no ha tenido el resultado esperado.

Atentado en SJM

El asesinato de Salazar ocurrió el pasado viernes en la avenida Salvador Allende, en el distrito de San Juan de Miraflores. Según testigos, dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor mientras este operaba el bus en una ruta con pasajeros. Además, Damiano Machaca, un pasajero que viajaba en la unidad, resultó herido en el ataque.

Ante este hecho, choferes de ‘El Rápido’ denunciaron ser víctimas de constantes amenazas por parte de extorsionadores, quienes exigen el pago de cupos para garantizar su seguridad. Algunos conductores han optado por pagar debido al temor de represalias.

La Primera Fiscalía Penal de ese distrito ya inició una investigación preliminar por el delito de homicidio calificado en agravio de Gustavo Salazar, además de lesiones en perjuicio del pasajero herido. Entre las diligencias dispuestas figuran la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y representantes de la empresa, y el análisis de los casquillos de bala hallados en el lugar.

El Ministerio Público también indicó que se recopilarán denuncias relacionadas con extorsiones presentadas por la empresa de transporte.

A balazos contra ‘El Rápido’

No es la primera vez que esta empresa es blanco de actos delictivos. El pasado 1 de octubre, la Policía Nacional frustró un ataque contra el último paradero de ‘El Rápido’, en Carabayllo, en la zona norte de la capital. Durante el operativo, se detuvo a dos ciudadanos venezolanos que portaban explosivos artesanales y una nota amenazante dirigida a la empresa.

Lima, La Libertad y Piura son las regiones del Perú que concentran la mayoría de las denuncias de extorsión, según datos de la PNP.

Entre enero y agosto de 2024, se registraron un total de 14,220 denuncias a nivel nacional, lo que representa un incremento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 13.648 casos. Este aumento de 572 denuncias refleja una preocupante tendencia al alza en este tipo de delitos.

La información proporcionada por la PNP revela que, en promedio, se presentan 59 denuncias diarias de extorsión en el país, lo que equivale a un caso cada 24 minutos. Este dato es aún más alarmante si se considera que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias. Las cifras abarcan los meses de enero (1735 denuncias), febrero (1735), marzo (2030), abril (2086), mayo (1789), junio (1482), julio (1604) y agosto (1699).

La extorsión en Perú se caracteriza por la demanda de dinero bajo amenaza de atentar contra la integridad de las personas, sus familias o sus negocios. Este delito no solo pone en riesgo la seguridad individual, sino que también genera un impacto profundo en la economía y en la estabilidad social de las comunidades afectadas.

La Policía Nacional ha subrayado la relevancia de reportar estos crímenes para implementar acciones eficaces que disminuyan su frecuencia. No obstante, el temor a represalias sigue siendo un desafío para muchas víctimas, evidenciando la necesidad de reforzar las estrategias de protección y el acompañamiento para quienes deciden presentar denuncias.