Existirían más de 300.000 mineros ilegales en el Perú, según la Fiscalía: casos han aumentado 50% solo desde mayo de este año

La minería ilegal campea en el Perú, y ahora ha buscado alianzas con el narcotráfico. El fiscal Federico Chávarry de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno ha revelado que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), vigente hasta el 31 de diciembre de este año, ha servido como un refugio para los mineros ilegales en el Perú.

Según Chávarry, muchos mineros se han acogido a este procedimiento no con el fin de formalizarse, sino para evitar la responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, tal como lo establece el Decreto Legislativo N° 1351.

Chávarry estima que hay al menos 300.000 mineros ilegales operando en el país, especialmente en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash.

Este bajo número de condenas se debe a la carga investigativa y la falta de personal, lo que retrasa el inicio de los juicios, explicó el fiscal en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El fiscal también destacó que la respuesta judicial es insuficiente frente a la magnitud del problema de la minería ilegal. La gran carga procesal que enfrentan los juzgados a nivel nacional contribuye a los retrasos en la instalación de juicios orales, lo que dificulta la erradicación de esta actividad ilícita.

Chávarry sugirió que el Congreso de la República debería evitar extender la vigencia del Reinfo, como se está considerando en la Comisión de Energía y Minas, y en su lugar, buscar mecanismos que promuevan la formalización minera con normas que permitan una fiscalización constante. La intención es que se establezcan medidas más efectivas para combatir la minería ilegal y proteger el medio ambiente.

‘Narcominería’, el nuevo clan de la delincuencia entre Bolivia y Perú

La Pampa, en Madre de Dios, y el río Nanay en Loreto son algunas de las zonas más afectadas por la minería ilegal en Perú, según Chávarry. Desde mayo de este año, las investigaciones relacionadas con esta actividad han aumentado un 50%, alcanzando más de 7200 casos.

El fiscal destacó que la minería ilegal no solo afecta el medio ambiente, sino que también se ha vinculado con el narcotráfico, formando lo que se denomina “narcominería”. Esta actividad conjunta busca evitar la intervención de las autoridades, trabajando para protegerse mutuamente.

“No podemos exponer a dos agentes policiales para que intervengan en una actividad minera ilegal que tiene entre 20 y 30 personas armadas”, explicó Chávarry al IIMP.

Además de La Pampa y el río Nanay, otras áreas críticas incluyen el río Cenepa en Amazonas, Camanti en Cusco, y Ayapata en Puno. Chávarry también mencionó que La Libertad se ha convertido en una zona conflictiva, donde la minería ilegal ha evolucionado hacia un crimen organizado con la protección de grupos delictivos.

El fiscal enfatizó que estos grupos no dudan en disparar contra la policía y el personal de las autoridades administrativas, lo que ha llevado a atentados y amedrentamientos. Esta situación refleja un cambio en la dinámica del crimen organizado en el país, donde la violencia se ha convertido en una herramienta común para proteger sus intereses ilegales.

Ley MAPE permitirá que el Reinfo continúe durante 6 meses más

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley que busca regular la pequeña minería y minería artesanal en el país.

Esta nueva normativa, conocida como Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), no pretende sustituir el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sino complementarlo, según declaraciones de Mayra Figueroa, directora general de Formalización Minera del Minem, a Infobae Perú.

Figueroa enfatizó que el Reinfo seguirá vigente y que aquellos inscritos podrán continuar con sus trámites bajo la nueva normativa, sin que esto implique la creación de un nuevo registro.

En cuanto a los plazos del Reinfo, que originalmente debía cerrarse el 31 de diciembre, la nueva ley propone que, una vez publicada, las direcciones regionales tendrán un plazo de seis meses para concluir los procedimientos iniciados. Si al término de este periodo no se han finalizado los expedientes, se otorgarán 60 días más para que estos sean remitidos al Minem, que se encargará de completar los procesos.