A fines de octubre, el Gobierno de Dina Boluarte anunció que, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), se realizó la entrega del primer lote de 70 vehículos a la Policía Nacional (PNP) para la lucha contra la criminalidad en Lima y Ayacucho. Sin embargo, la destinación —anunciada con bombos y platillos— carece de condiciones óptimas para ser usadas por la institución.
De acuerdo a la información difundida por el dominical Panorama, los vehículos incautados y asignados a la PNP presentan desperfectos y limitaciones legales que impiden su uso inmediato en operativos policiales. Las imágenes mostradas por el programa evidencia daños significativos como abolladuras, parabrisas rotos, falta de espejos retrovisores, etc.
Pero eso no es todo. Los vehículos no solo incumplen los requisitos para circular, sino que también contravienen la normativa vigente que establece que los autos asignados a la PNP no deben superar los cuatro años de antigüedad. De acuerdo al informe, varios vehículos tienen más de una década de uso, como el modelo 2008 con 16 años de antigüedad. Según la normativa policial, no podrían ser utilizados en labores oficiales debido a su edad y estado.
Carlos Antonio Bazo Ramírez, coordinador ejecutivo de Pronabi, insistió en que los primeros 40 vehículos asignados a la Policía Nacional del Perú (PNP) estaban totalmente operativos y listos para ser utilizados en tareas de patrullaje e inteligencia. Sin embargo, tras ser confrontado por el dominical con las imágenes que mostraban el estado de los vehículos, Bazo no tuvo más opción que admitir que “por ahora no” podían ser utilizados por la PNP. No obstante, muchos de estos vehículos no podrán circular con la Policía debido a su antigüedad.
Por su parte, el Ministerio del Interior emitió un comunicado reconociendo que, de los 21 vehículos entregados en Lima, solo 13 cumplían con los estándares requeridos. Los otros ocho fueron devueltos a Pronabi tras verificarse que no cumplían con las condiciones necesarias para operar.
Especialistas como Eduardo Herrera calificaron la entrega de estos vehículos como “un retroceso en la lucha contra la delincuencia”. Además, cuestionaron la transparencia y rigurosidad en la evaluación de los recursos antes de su entrega oficial. “Esto no solo genera desconfianza, sino que también evidencia una posible falta de planificación en la gestión de recursos”, señaló el experto.
Las críticas apuntan a que la entrega habría sido más un acto político que una medida efectiva para combatir la inseguridad. La crítica cobra mayor sentido si se toma en cuenta los cuestionamientos que ha estado enfrentando la presidenta Dina Boluarte y su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por el avance de la criminalidad. “Tenemos que tener mucho cuidado con esa utilización, que no sea simplemente un espectáculo político para que la presidenta o el régimen suba popularidad”, indicó un analista de seguridad ciudadana.
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