Ejército gastó 20 millones de dólares en helicópteros inoperativos: contrató a empresa ‘fantasma’ y abre investigación para hallar a los responsables

Un contrato por más de 20 millones de dólares fue otorgado por el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército Peruano a una empresa fantasma que solo existe en el papel, sin registro real de actividad. En marzo de 2023, se emitió un Decreto Supremo que declaró el estado de emergencia en todo el territorio peruano, previendo lluvias intensas y desbordes entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. La medida movilizó recursos significativos y acciones de mantenimiento, incluyendo el servicio de tres helicópteros de fabricación rusa.

Sin embargo, esta operación, inicialmente planeada para cubrir una necesidad urgente, revela inconsistencias en su implementación. La empresa contratada, Millennium Velardi Corp, aparece registrada en Panamá en la dirección de una torre de negocios, en un espacio que, tras una inspección, parecía ser nada más que una oficina vacía. La relación entre la empresa y las Fuerzas Armadas del Perú suscita preguntas, pues esta compañía fantasma no parece contar con infraestructura ni personal en la dirección oficial.

Según el dominical Panorama, los procedimientos de contratación habituales para mantenimiento militar requieren pruebas de experiencia y permisos específicos, especialmente para intervenir en aeronaves rusas. No obstante, los requisitos se redujeron en los términos de referencia, eliminando la necesidad de experiencia comprobada y certificaciones previas, cambios que permitieron la selección de Millennium Velardi Corp.

Los documentos revelan cinco adendas al contrato original, incluyendo una que extendía la fecha de entrega del servicio. Esta flexibilización inicial hizo viable la adjudicación a una empresa desconocida y sin antecedentes visibles en el sector. Así, la empresa obtuvo un contrato por más de 20 millones de dólares, extendido hasta el 30 de octubre de 2024.

En entrevista para el dominical, César Candela, experto en contrataciones con el Estado, detalló que la modalidad de empresas registradas en el extranjero y sin personal puede levantar sospechas. El servicio pactado, dice, podría corresponder a empresas especializadas en operaciones lícitas, pero la ausencia de representación local y una oficina vacía reflejan un modelo de empresa “cascarón”, un recurso a veces utilizado en operaciones que buscan evadir regulaciones.

José Trelles Castillo, otro experto en contrataciones públicas, indicó que la urgencia del fenómeno de El Niño permitió justificar la omisión de ciertos requisitos, aunque consideró preocupante que una firma sin trayectoria concreta fuera encargada de la reparación de equipo militar esencial. Esto, apunta, podría poner en riesgo la capacidad de respuesta ante emergencias, dado el papel de las aeronaves en el transporte y las tareas de rescate.

Una revisión de documentos panameños señala a Alexander Elmer Reyes Olivos como figura central en esta operación. El nombre de Reyes Olivos figura en el acta de la Junta de Accionistas de la compañía en Panamá, donde se le otorgan amplias facultades para actuar en contratos y transacciones a nombre de la empresa.

En Lima, la dirección registrada del sujeto señala que, además de su conexión con Millennium Velardi Corp, se le vincula a otras dos empresas panameñas. Aunque Reyes Olivos mantiene un empleo en el sector aeroportuario, su rol en estas operaciones no es claro, y sus vínculos empresariales con la firma panameña generan dudas sobre el trasfondo de la contratación.

El contrato 12-2023, aprobado en noviembre de 2023, incluye modificaciones en los plazos de pago y ejecución, en los cuales las autoridades accedieron a extender el tiempo de entrega del servicio. Las cinco adendas, que contemplan la modificación de plazos y el ajuste en los términos de pago, fueron interpretadas por Mariano González, exministro del Interior, como señales de que ambas partes priorizaron aspectos económicos por encima de las necesidades operativas.

Además, sostuvo que el objetivo principal de las Fuerzas Armadas debería ser el cumplimiento de los plazos acordados, sobre todo en el contexto de emergencia nacional. En sus declaraciones, añadió que las dificultades logísticas y técnicas no deberían justificar el incumplimiento en un contrato de esta naturaleza.

Ante las irregularidades identificadas, el Ejército Peruano emitió un comunicado en el que asegura que el sistema de Inspectoría del Ejército inició una investigación que encontró responsabilidades administrativas en algunos funcionarios. Las conclusiones incluyeron el relevo del jefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, mientras la Procuraduría del Ejército anunció que remitirá el caso al Ministerio Público para que se empiecen las investigaciones correspondientes.

Dos altos mandos de las Fuerzas Armadas del Perú están en la mira de la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en millonarios procesos de contratación. David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), y César Briceño Valdivia, comandante general del Ejército, han sido señalados en varios informes internos que revelan anomalías en adquisiciones del Ejército.

A inicios de este año, un informe de la oficina de control del Ejército reveló problemas en la compra de 30 vehículos blindados para transporte de tropas, por un monto superior a los 64 millones de dólares. Poco después, otro informe de control concurrente emitido por la Contraloría puso de nuevo en el ojo público las irregularidades en un contrato de 27 millones de dólares con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME).