Los vecinos de San Isidro, liderados por la alcaldesa Nancy Vizurraga, llevaron a cabo una manifestación el miércoles contra la construcción de edificios que, según ellos, superan el límite de pisos permitido por la normativa municipal vigente. Esta protesta forma parte del rechazo creciente a los proyectos de viviendas de interés social que no cumplen con el reglamento del distrito. “Vecinos de San Isidro marchan contra construcción de edificios de viviendas de interés social que no cumplen con el reglamento municipal”, informó RPP en un título que destaca la controversia.
Vizurraga ha sido una figura clave en este conflicto, pues presentó un documento al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) buscando el respeto por las regulaciones municipales que intentan detener el auge de estos proyectos. En una declaración a RPP, Vizurraga mencionó que el presidente de Indecopi le informó que no tiene competencia en los casos que llegan a las salas de eliminación de barreras burocráticas y sugirió pedir una nueva reunión para abordar este tema, señalando: “Deberíamos solicitar una nueva reunión para exponer nuestros reclamos”. Este problema, según Vizurraga ante RPP, se agrava porque “las constructoras siguen construyendo” a pesar de las quejas pendientes.
Además, Vizurraga detalló en su conversación con RPP la magnitud del problema: “Donde que tenían construir 7 pisos, están construyendo hasta tres o cuatro veces más”. La alcaldesa expresó la urgencia de encontrar una solución rápida porque detener las obras ya en marcha puede resultar complicado: “El bajar eso implica que el constructor ya no va a querer parar la obra”. Su preocupación también incluyó la existencia de 22 proyectos inmobiliarios en curso en San Isidro, lo que incrementa la presión sobre las infraestructuras locales, como el sistema de agua y desagüe.
El trasfondo legal de esta situación tiene sus raíces en julio de 2021, cuando se aprobó la Ley N° 31313, conocida como la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que permite a los proyectos de viviendas de interés social (VIS) continuar incluso si no cumplen con los parámetros municipales cuando el Ministerio de Vivienda los aprueba. “Esta ley favorece a los distritos no consolidados”, afirmó Vizurraga a RPP, subrayando que esa no es la situación de San Isidro, un distrito “consolidado”. En el mismo contexto, la alcaldesa dejó claro que normativa la debe respetarse: “Queremos que inviertan, pero respetando la calidad de vida de nuestros vecinos”.
Las declaraciones de Vizurraga apuntan a una necesidad de equilibrar el desarrollo inmobiliario con el mantenimiento de la calidad de vida de los residentes. En San Isidro, donde el precio del metro cuadrado supera los USD 3.500, ella argumenta que es incorrecto considerar estos desarrollos como de interés social: “No nos engañemos que es un departamento de interés social, porque de interés social usted no va a pagar USD 3.500 a USD 4.000”. Este malentendido, según ella, puede llevar a consecuencias negativas en términos de planificación urbana y recursos.
La situación continúa siendo monitoreada de cerca por las autoridades locales y los ciudadanos, con RPP siguiendo de cerca los desarrollos. La coordinación con Indecopi y otros organismos pertinentes será clave para resolver el conflicto, mientras los vecinos y la municipalidad buscan una solución que respete tanto las inversiones como el entorno comunitario. Al enfocarse en los desafíos de infraestructura que pueden surgir, como la sobrecarga en los servicios básicos, los residentes esperan que se respeten los límites actuales y se logre un consenso para proyectos futuros.
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