
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) anunció la convocatoria del Servicio Civil de Graduandos de Derecho (Secigra) 2025. Este programa, que se encuentra vigente desde 1993, brinda a los estudiantes de Derecho la oportunidad de obtener experiencia en la administración pública.
Los seleccionados recibirán un estipendio mensual equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, 1.025 soles. Luego, al culminar, también obtendrán un bono de reconocimiento como experiencia general de un año en el sector público, reconocido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), lo que puede incrementar sus oportunidades de conseguir un puesto en el Estado.
Esta convocatoria tiene como público objetivo los estudiantes que cursen el último año o semestre en el 2025. Los requisitos, según el Minjus, están establecidos en el Reglamento del Secigra.
¿Cuán es la inscripción?
La selección se realiza en coordinación con las universidades, que evaluarán los promedios ponderados de los aspirantes, además de realizar un acto público de inscripción entre el 12 y el 14 de diciembre de 2024.
Para la edición del próximo año, se espera la participación de más 2.400 personas. También se proyecta incorporar más entidades públicas para consolidarse como una alternativa atractiva, además de la inscripción de más 80 universidades, que proveerán de experiencias y conocimientos prácticos en diferentes partes del derecho.
Las universidades no solo seleccionan a los alumnos, sino que también ofrecen talleres y capacitaciones en conjunto con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos (CEJDH), del Minjus, así como las unidades receptoras del programa

Minjus anuncia reforma del sistema penitenciario
En la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, realizada en Chiclayo y presidida por la presidenta Dina Boluarte, se decidió asignar aproximadamente 500 vehículos a la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana. Esta medida se enmarca dentro de un conjunto de acciones anunciadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para reestructurar el Sistema Penitenciario del país.
El ministro Eduardo Arana detalló que durante la última sesión del Consejo de Ministros se aprobó una norma para modificar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Esta modificación busca mejorar el control de las comunicaciones dentro y fuera de los centros penitenciarios, mediante la regulación de las obligaciones y sanciones para las empresas de telecomunicaciones que operan en estos lugares. Además, se han emitido normas relacionadas con la vigilancia electrónica y la evaluación semestral de las prisiones preventivas, lo que contribuirá a reducir el hacinamiento y combatir la criminalidad organizada.

El gobierno también ha anunciado una inversión de S/ 3.000 millones para la construcción de nuevas cárceles, con el objetivo de mejorar la infraestructura penitenciaria y aliviar la sobrepoblación en los penales.
Arana subrayó la importancia de estas medidas para reforzar el sistema penitenciario y destacó el papel de la Defensa Pública en las Unidades de Flagrancia, que ha realizado más de un millón de intervenciones este año. Para optimizar la participación de los defensores públicos, se han establecido turnos a nivel nacional.
Para la ejecución de estos proyectos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transferirá los recursos necesarios al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional Penitenciario. Este envío de fondos permitirá la construcción de nuevos penales y la reactivación de obras detenidas. .
En el contexto de estas reformas, el Programa Nacional de Bienes Incautados ha sido instruido para asignar vehículos a la policía, lo que se espera que mejore la capacidad operativa de las fuerzas del orden en su lucha contra el crimen. Arana enfatizó que, después de mucho tiempo, el gobierno ha implementado una política pública seria y sostenida en materia de seguridad ciudadana.
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