Jorge Salas Arenas y las elecciones del 2021: “Escasez de criterio jurídico, clasismo y muerte civil por un fraude que nunca existió”

A casi cuatro años de estar al frente de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas pidió su reemplazo. El alto funcionario, el cual desempeñará funciones hasta el próximo 21 de noviembre, se despide de la entidad con cuestionamientos hacia su gestión, por parte del partido perdedor en las elecciones 2021, amenazas de muerte y denuncias constitucionales en su contra.

Durante la conferencia internacional “Conflictividad Electoral en América Latina y el Caribe: causas, lecciones aprendidas y medidas de prevención”, organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE), el titular de la JNE adelantó que, aunque su mandato está próximo a culminar, los comicios pasados siguen vigentes para él.

“En lo personal, para mí no han terminado las elecciones 2021. Hay pendientes todavía, como los pronunciamientos de las autoridades del Congreso por un fraude que no existió. […] Los observadores que fueron parte de este proceso coincidieron en que las elecciones pasadas fueron limpias, justas y transparentes. De acuerdo a los estándares internacionales son aceptables. No obstante, continúa el tema porque se preparan las condiciones para un pronunciamiento desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, mencionó.

Propinó duras expresiones contra quienes cuestionaron su labor. Mencionó que una de las denuncias presentadas fue porque el jurado se encontraba conformado entonces por cuatro de cinco miembros, lo cual es lo mínimo requerido, y que un congresista lo instó a comunicarse con el Colegio de Abogados de Lima (CAL) para apurar la designación.

“Es de una escasez de criterio jurídico bastante notable. Demoró mucho tiempo, varios problemas en nombrar al otro miembro. Felizmente, la acción de amparo dijo que no podíamos responder por algo que escapaba de nuestra voluntad. También se han presentado acción de amparos por tachas y exclusiones, pero resueltas a los pocos días de realizarse la elección. No me voy a referir al candidato excluido, pero puso a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la disyuntiva de reimprimir cédulas de votación, lo cual denota una carencia de conocimiento profundo”, sostuvo.

“Racismo y clasismo”

Ante representantes de otros países, el titular del JNE calificó de “racismo y clasismo” la actitud adoptada por seguidores de la oposición. “En el Perú ha valido tanto el voto de los que tienen como el de los que no y esa situación algunas personas no lo toleran y desconfían de los miembros de mesa, que hacen el primer acercamiento electoral. […] Los invito a mirar lo que se dice en las redes sociales, que no son necesariamente los personajes públicos, sino sus enviados donde el calificativo más generoso es auquénidos”, expuso.

Asimismo, recordó que, luego de la segunda votación, una integrante del partido que, “también era abogada de la parte vencida, ofreció la realización de un esquema básico para plantear demandas de amparo”. “Yo no sé cuántas de las demandas que se presentaron fueron materia de esa invitación”, indicó sin detallar a quién se refería, aunque sería Lourdes Flores, quien formó parte del equipo de abogados de Fuerza Popular.

“Como fue madurando el tema y no se podía someter al Jurado Nacional de Elecciones, vino la idea de extender la aplicación del juicio político para el sistema electoral. [...] ¿La consecuencia? El enjuiciamiento penal y/ o la inhabilitación por hasta 10 años. Eso es lo que se espera, o sea la muerte civil para quien no hizo lo que querían”, refiriéndose a él.

“Lamentablemente, hay episodios en el que el presidente ha preferido ponerse de costado. Ese no ha sido este caso y ahí van las consecuencias, de modo que tenemos acciones de distinta naturaleza que no tienen sentido y van a terminar seguramente, espero, en buena forma y que no sea necesario lo del caso del señor Carlos Aguinaga Aillón, que ha sido restituido en sus potestades 10 años después por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sentenció.