El área de conservación del Parque Arqueológico de Choquequirao, conocido como uno de los últimos refugios de la civilización inca, enfrenta una disputa que involucra más de 70 mil hectáreas de terrenos que fueron entregados antes de que el sitio fuera declarado zona arqueológica. Según las denuncias de los pobladores, la venta de tierras dentro de este espacio protegido por el Estado habría comenzado a realizarse desde el año 2020, a pesar de estar prohibido. Las denuncias señalan a la Cooperativa Agrícola Ganadera Altos Salkantay como responsable de la venta de estos terrenos, según el informe presentado por Latina Noticias.
El gerente de Turismo de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Cusco (GORE Cusco), Saúl Capipani, explicó que existe una normativa que protege las tierras ubicadas dentro del parque. Según el funcionario, el Decreto Supremo 022 del 2010 establece que estas áreas son intangibles, por lo que no pueden ser vendidas ni utilizadas para fines comerciales.
Pobladores denuncian tráfico de tierras

Los habitantes de la comunidad de Marampata, ubicada en las inmediaciones del Parque Arqueológico de Choquequirao, señalaron que desde el 2020 comenzaron a observar la venta de tierras que, según ellos, pertenecen al Estado y están protegidas. Los pobladores aseguran que los espacios vendidos incluyen áreas importantes dentro del parque, como el mirador de Sunchupata, un punto clave desde el cual los turistas aprecian el complejo arqueológico.
Mientras que el dirigente de la comunidad, Alfonso Begazo, mencionó que las tierras en disputa forman parte del Área de Conservación Regional de Choquequirao y, por tanto, están protegidas por la Ley 28296. “Estas son zonas protegidas. No se puede empezar a vender terrenos como si fueran propiedad privada. No puedes, de un día para otro, empezar a ver cómo se construye un hotel en un lugar que está destinado a la conservación arqueológica”, afirmó.
Aseguran que no son traficantes de terrenos

En medio de estas acusaciones, César Álvarez, vicepresidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera Altos Salkantay, defendió las acciones de su organización y aseguró que los terrenos que manejan fueron adjudicados hace más de 50 años por el Ministerio de Agricultura, mucho antes de que Choquequirao fuera declarado zona arqueológica. “No somos traficantes de tierras. Estas tierras fueron adjudicadas en 1972 a los socios de la cooperativa, y desde entonces hemos sido propietarios legítimos de 71 mil hectáreas. No tenemos nada que esconder”, declaró.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) tiene conocimiento de este caso desde hace tres años. En un comunicado emitido en 2021, la entidad anunció que realizaría una investigación sobre las presuntas invasiones en el Área de Conservación Regional de Choquequirao. Según el comunicado, la Cooperativa Agrícola Ganadera Altos Salkantay es propietaria de más de 30 mil hectáreas, pero parte de sus terrenos se encuentran dentro del área protegida, lo que plantea dudas sobre la legalidad de las transacciones realizadas.
Teleférico y proyectos de infraestructura

Otro elemento que complica el panorama es el proyecto del teleférico hacia Choquequirao, una iniciativa de gran envergadura que busca mejorar el acceso a este sitio arqueológico. Según el gerente del GORE de Cusco, el proyecto cuenta con una inversión de más de S/ 700 millones y tiene como objetivo potenciar el turismo en la región. Sin embargo, la construcción del teleférico ha generado preocupación entre los habitantes de Marampata, quienes temen que este proyecto pueda beneficiar a las empresas privadas en lugar de las comunidades locales.
A todo esto se suma el proyecto del teleférico que levantó alarmas entre los arqueólogos y expertos en conservación. Choquequirao, según algunos estudios, solo fue excavado en un 40%, por lo que aún hay mucho por descubrir en este sitio. Además, la zona es hábitat del oso de anteojos y de diversas especies de aves, lo que añade una capa de complejidad al proyecto.
Por el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de tráfico de tierras ni sobre el impacto ambiental del teleférico. La comunidad de Marampata, mientras tanto, espera que se tomen decisiones que permitan preservar el legado arqueológico de Choquequirao y resolver el conflicto de tierras que amenaza con escalar.
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