En el marco de las investigaciones contra el congresista, José Luna Gálvez, el Poder Judicial confirmó que se incluirá a la universidad Telesup -fundada por el parlamentario- en las indagaciones preparatorias por presuntas irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La decisión fue tomada originalmente el día 5 de octubre por el juez Jorge Chávez Tamaríz. Sin embargo, la casa de estudios presentó un recurso de apelación ante la medida. Al final, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de Telesup y confirmó la resolución emitida por el magistrado a inicios de mes.
La resolución en cuestión sostiene que la universidad Telesup sea incluida como “persona jurídica”, mientras que la defensa legal de la institución educativa afirma que la decisión del juez Chávez tiene defectos en su motivación y que no se han valorado otros elementos de convicción que fueron presentados para intentar oponerse a la tesis de la Fiscalía.
Según el Poder Judicial, hasta el momento existen suficientes elementos para considerar la vinculación entre la persona jurídica Universidad Privada Telesup S.A.C. y los hechos que son materia de investigación, por lo que se considera correcta su inclusión en el proceso preparatorio.
La presunta función de Telesup
Para el Ministerio Público, la Universidad Telesup fue un medio utilizado para que justificar el pago de 1.3 millones de soles a los ex integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila y Sergio Noguera, además de favorecer al exconsejero Julio Gutiérrez con depósitos de dinero en cuentas pertenecientes a su hijo.
Estos beneficios habrían servido para influenciar en la elección del jefe de la ONPE. La Fiscalía considera la posibilidad de que esto haya orientado los votos a favor de nombrar al candidato Adolfo Castillo Meza.
De igual forma, según la Fiscalía, esto habría servido para financiar el proceso de inscripción del partido político ‘Podemos por el Progreso del Perú’, además de pagos a los presuntos integrantes de la organización criminal por sus actividades.
José Luna intentó ampararse en ley contra crimen organizado
Por otro lado, el congresista Luna Gálvez intentó recurrir a las modificaciones en la ley contra el crimen organizado para intentar que un proceso en su contra por el delito de organización criminal -llamado ‘Los Gángsters de la Política’-, sea archivado por el Poder Judicial.
En agosto de este año, el séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió la solicitud presentada por la defensa técnica del congresista en la que argumenta que “los hechos que se le imputaron no constituyen delito en la actualidad”, basándose en las recientes modificaciones que han cambiado la tipificación del delito de organización criminal de la Ley 32108, que fueron oficializados a inicios de ese mes.
Sin embargo, para la Fiscalía, aun con las modificaciones hechas por el Congreso, el caso contra Luna Gálvez sí puede ser descrito como el de una presunta organización criminal, pues el mercado ilícito sobre el que se desearía tener el control es el de registro y actividad de los partidos políticos al quebrar la Ley electoral, el sistema democrático y la separación de poderes.
Los cargos contra el parlamentario también involucran a otras personas, como su propio hijo, José Luna Morales, quien es el secretario de organización de Podemos Perú; Luis Navarrete Santillan; el operador político José Luis Cavassa Roncalla; el ex jefe de ONPE, Adolfo Castillo Meza; e incluso el abogado Óscar Nieves Vela, ex asesor legal de la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor.
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