Gobierno promulgó las “correcciones” sobre la Ley 32108: se mantienen las limitaciones que benefician al crimen organizado

La resistencia a derogar la Ley 32108 por la clase política ha sido evidente, y el gobierno de Dina Boluarte ha respaldado las modificaciones aprobadas por el Congreso de la República, a pesar de las demandas por parte de varios sectores de la sociedad civil y expertos para anular dicha norma que beneficia la criminalidad

De espaldas a la opinión pública, el Poder Ejecutivo ha promulgado las “correcciones” a la ley sobre el crimen organizado aprobadas por el Congreso de la República el pasado 16 de octubre, en un contexto de creciente inseguridad y extorsiones.

A través del Diario Oficial El Peruano, se oficializó las modificaciones planteadas en un nuevo texto sustitutorio con 81 votos a favor de los congresistas. Este nuevo marco legal mantiene restricciones en los allanamientos, pues permite que el registro y la incautación de material probatorio se realicen siempre que un abogado de la defensa pública esté presente desde el inicio de la diligencia, bajo responsabilidad funcional.

Esta modificación se refiere al numeral 3 del artículo 216 de la norma. Si bien anteriormente se requería la presencia de un abogado para realizar operativos de allanamiento. Ahora, se especifica que la Fiscalía puede llevar a cabo diligencias con o sin la presencia del investigado, pero obliga la presencia de un abogado del Ministerio de Justicia, entidad que ya carece de defensores.

El texto sustitutorio fue exonerado de una segunda votación, lo que permitió su rápida promulgación por la mandataria y el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén.

Se “salvan” el tráfico de influencias, minería ilegal y colusión simple

La ley mantiene definición de crimen organizado como una estructura compleja compuesta por tres o más personas, y establece penas mínimas de cinco años de prisión para delitos como extorsión, secuestro y sicariato, cuando estos se cometen con el objetivo de obtener beneficios económicos o materiales.

Esto permite que aún haya un paquete de delitos que van a quedar excluidos de ley que supuestamente busca eliminar la criminalidad en el país. La corrupción se salva. La negociación incompatible, colusión simple, tráfico de influencia y otros vinculados con delitos contra la administración pública no entran dentro de la definición de organización criminal con las nuevas modificaciones del Congreso.

El debate

El debate sobre la Ley 32108 comenzó en la mañana, con propuestas de cambios desde la Comisión de Justicia que inicialmente no fueron aceptadas por los legisladores. A pesar de la presión de diversos sectores, como transportistas y gremios empresariales, que pedían la derogación de la ley, el Congreso optó por realizar modificaciones parciales, informó el medio.

Durante las discusiones, algunos congresistas expresaron su preocupación por posibles abusos de poder. Ilich López, de Acción Popular, sugirió que la ley podría ser utilizada para presionar a los legisladores mediante allanamientos, lo que indica un interés en protegerse mutuamente, según el medio.

En la primera votación, el Pleno del Congreso también incorporó el delito de “criminalidad sistemática”. Se propuso la cadena perpetua para quienes, utilizando armas de fuego o explosivos, cometan delitos que generen terror en la población, como secuestro y homicidio calificado, según el informe.

Un país con el 94% de ciudadanos inseguros

En Lima y Callao, la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, con un 94% de la población sintiéndose insegura, según datos recientes. Este sentimiento se ve agravado por la creencia de que el gobierno carece de una estrategia efectiva para garantizar la seguridad, una opinión compartida por el 86% de los encuestados.

La preocupación por la delincuencia ha crecido significativamente en el último año. Un 75% de los ciudadanos considera que los actos delictivos han aumentado, mientras que solo un 5% opina que han disminuido. Esta percepción negativa sobre la seguridad pública refleja un problema persistente que afecta la calidad de vida de los habitantes de estas regiones.