Gustavo Adrianzén respalda a Juan José Santiváñez por captura de Iván Quispe, pese a cuestionamientos sobre si pertenece a SL

Defiende su permanencia al frente del Ministerio del Interior. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue consultado por la eventual salida de Juan José Santiváñez, en medio de los constantes ataques en zonas declaradas en emergencia y cuestionamientos en torno a la captura de Iván Quispe Palomino, quien fue presentado como el número dos del último reducto de Sendero Luminoso que opera en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“No se ha tocado el tema de la renuncia de ningún miembro del gabinete. Lo digo en especial del ministro del Interior, tampoco se ha hablado del tema”, señaló y destacó la detención de Quispe Palomino. Además, insistió en la versión dada por el titular del Mininter.

“Hemos escuchado que algunos dicen que en el 2006 se había retirado, eso no es exacto, tenemos requisitorias del año 2016 y es precisamente por la que ese le está deteniendo a este delincuente terrorista. Se le ha hecho la consulta dactilar, el reporte del registro nacional de identificación y estado, estado civil, se ha presentado el número de requisitorias vigentes. Esto ha sido remitido el día de hoy, el día de hoy 16 de octubre”, declaró.

“El delincuente terrorista con requisitorias vigentes ha sido capturado en el distrito de SJL, distrito que está declarado en emergencia. En esta circunstancia fue capturado, cuando se desarrollaba el plan ‘Amanecer Seguro’ [...] La declaratoria de emergencia ha sido acertada, y el plan ‘Amanecer Seguro’ también ha demostrado ser eficaz”, agregó.

Cuestionamientos

Pese a que la captura fue destacada por el premier y el ministro del Interior, distintos expertos alegan un error. No solo aseguran que no se trata de una baja sensible, sino que ni siquiera pertenece a la organización. Incluso, mencionan que luego de purgar una condena, Quispe Palomino se alejó y ejercía labores de albañil.

“Efectivamente, pertenece a la familia Quispe Palomino y es el hermano menor que ya está desligado de la organización terrorista junto a su hermana Melania, quienes ya no pertenecen a la organización. Tengo conocimiento que él ha estado haciendo vida común entre Ica y Lima porque es imposible que el número dos de la organización terrorista esté en Lima y en cualquier otra ciudad, eso es totalmente imposible”, declaró Pedro Yaranga, experto en seguridad, narcotráfico y terrorismo, para Exitosa.

Asimismo, en diálogo con RPP fue más crítico y mencionó que todo se trata de una “patinada” del ministro. “Esta persona siempre ha estado participando en diversas marchas tanto en Lima como en Ica, pero no tenía ninguna relación con los remanentes del terrorismo en el Vraem. Hizo vida común en Ica y Lima, posiblemente relacionada con construcción civil, pero no tiene más vinculación con Sendero Luminoso”, señaló al medio en mención.

El periodista investigador Ricardo León en su libro ‘Alias Jorge’ (Planeta, 2020) también reseñó que el recientemente capturado pagó una condena y desde el 2005 está libre y ejerce trabajos como albañil. Su nombre no aparece en los organigramas de Sendero Luminoso. “Demasiada ligereza por parte del ministro. Primero, debió al menos consultar a la división especializada contra el terrorismo, ya que ellos tienen información actualizada. Se ha apresurado en decir que es el número dos de la organización, pero es totalmente falso”, agregó Yaranga.

Rubén Vargas, exministro del Interior, coincidió con las críticas e indicó que todo se trataría de un abuso de autoridad. “Le sugiero que se calme, respire hondo y converse con DIRCOTE sobre Iván Quispe Palomino. Con más tranquilidad, revise la requisitoria, el DNI, las identidades reales de los involucrados. La conclusión inevitable es que cometieron abuso de autoridad”, mencionó en su cuenta oficial de X.

En declaraciones a Canal N, la defensa legal de Quispe Palomino aclaró que, no solo purgó condena en 2005 y desde entonces ha realizado su vida de forma pública, sino que se ha apersonado a las autoridades judiciales a fin de negociar y saldar su reparación civil.