El Congreso de la República ha solicitado la comparecencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para responder a un cuestionario sobre presuntas irregularidades en su gestión.
La solicitud fue formalizada por el congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga en un oficio dirigido a Juan Bartolomé Burgos Oliveros, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el 9 de octubre de 2024.
A través del oficio No. 257-2024-2025/CJZM-CR se detalla una serie de preguntas que buscan esclarecer temas relacionados con la transparencia en la administración presidencial. Entre los puntos destacados se encuentra el uso del vehículo oficial conocido como “El Cofre”, sobre el cual se han planteado dudas respecto a su utilización para fines personales.
Además, el cuestionario aborda la política coyuntural y las relaciones con ciertos funcionarios, así como los esfuerzos realizados en el proceso de captura del prófugo Vladimir Cerrón. También se incluyen interrogantes sobre la recepción de regalos por parte de autoridades regionales y su declaración en documentos oficiales.
Otro tema de interés es la influencia del ex primer ministro Alberto Otárola en las decisiones gubernamentales, así como las implicaciones familiares de la Presidenta, especialmente en relación con su hermano Nicanor Boluarte.
El oficio se fundamenta en el artículo 96º de la Constitución Política del Perú y el artículo 22º del Reglamento del Congreso, que permiten al Congreso solicitar la presencia de funcionarios para rendir cuentas sobre su gestión. Esta acción refleja la intención del Congreso de examinar a fondo la conducta de la Presidenta, en un contexto donde la transparencia de su gestión ha sido cuestionada.
Dina Boluarte no asistió al Ministerio Público
Dina Boluarte, presidenta de Perú, no se presentó a la citación del Ministerio Público programada para el jueves 10 de octubre a las 9:30 a.m. La investigación en su contra se centra en presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en perjuicio del Estado. Según informó RPP Noticias, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, confirmó que la mandataria solicitó una reprogramación para rendir su declaración.
La investigación preliminar, que comenzó en julio de este año, fue ampliada recientemente por 30 días adicionales. Esta extensión se debe a las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Villanueva afirmó que Benavides se habría reunido con Boluarte para pedirle que no destituyera al General PNP Raúl Alfaro de su cargo como Comandante General de la Policía Nacional. A cambio, Benavides supuestamente no presentaría una denuncia constitucional en contra de Boluarte ante el Congreso por los muertos y heridos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
El contexto de estas acusaciones se enmarca en las manifestaciones sociales que ocurrieron en Perú a finales de 2022 y principios de 2023, donde se registraron varios muertos y heridos. La reunión entre Boluarte y Benavides, según Villanueva, habría tenido lugar en el marco de las investigaciones sobre estos eventos.
La situación ha generado un clima de tensión política en el país, ya que las acusaciones implican a altos funcionarios en presuntos actos de corrupción y manipulación política. La solicitud de reprogramación por parte de Boluarte añade un nuevo capítulo a esta compleja trama judicial y política que sigue desarrollándose en Perú.
El silencio de Dina
Durante el paro de transportistas del 10 de octubre en Perú, la agenda de la presidenta Dina Boluarte se mantuvo sin actividades públicas. La manifestación, que incluyó a gremios como bodegueros y comerciantes, exigía respuestas ante la creciente inseguridad ciudadana, pero no contó con un pronunciamiento directo de la mandataria en las primeras horas del día.
A pesar de la ausencia de actividades públicas en la mañana, la cuenta oficial de la presidencia compartió imágenes a las 12:15 p.m. en las que se veía a Boluarte liderando una reunión con su gabinete ministerial. Según la publicación, el objetivo del encuentro era evaluar el impacto del paro y coordinar acciones para proteger a los ciudadanos.
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